Sindicatos y patronales saludan el esperado plan del Gobierno para hacer frente a los efectos de la escalada de precios y de la invasión de Ucrania, adelantado en sus líneas generales por Pedro Sánchez este lunes, aunque con importantes matices: echan de menos más diálogo con los agentes sociales, y proponen nuevas medidas que consideran imprescindibles; medidas, eso sí, muy distintas según las lancen las centrales o las organizaciones empresariales. Todo, apostillan, a la espera de conocer los detalles de lo que aprobará el Consejo de Ministros y publicará el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así lo publica El Periódico de España.

Desde los sindicatos, echan de menos más medidas de protección social. Para Unai Sordo, Secretario General de CCOO, el refuerzo temporal de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un 15% “se va a quedar corta, porque el IMV está muy centrado en la pobreza severa, y la situación actual afecta a personas más allá de esa situación. Nosotros tenemos cuantificados a 9 millones de ciudadanos, entre trabajadores con salarios de 1.000 euros o menos, desempleados y pensionistas con bajas rentas que requerirían algún tipo de ingreso para esta crisis, aunque fuera en un pago único”, aseguraba. CCOO cifra en 2.000 millones de euros el coste de una ayuda como la que sugieren.

En todo caso, para Sordo la clave del plan será limitar “de forma contundente” el precio del gas utilizado para generar electricidad con el fin de evitar que marque el conjunto de los precios energéticos. “España no puede plantear límites de 180 euros por megavatio hora, como se ha dicho hasta ahora; el precio tiene que estar por debajo de los 100 euros”, aseguraba. El líder de UGT, Pepe Álvarez, pedía en este sentido "agilidad" a los Gobiernos portugués y español para crear la "isla energética" autorizada por el Consejo Europeo de la semana pasada, que debería ayudar a controlar el precio de la electricidad en la península ibérica.

Los empresarios, por su parte, rechazan las nuevas limitaciones al despido que acompañarán a las medidas de apoyo a las empresas: “no nos gusta que se vaya contra la libertad de empresa”, clamaba Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y líder de la asociación de autónomos ATA en la Asamblea de esta última organización, dirigiéndose a la vicepresidenta económica Nadia Calviño que participaba como invitada. También creen que habría que aparcar hasta 2025 la subida en las cotizaciones a la Seguridad Social y la reforma del régimen de cotización de los autónomos previstas para el año que viene. Lo que sí agrada a las empresas son la nueva línea de créditos ICO y la flexibilización de las condiciones de las que ya estaban en marcha, y el abaratamiento de los combustibles. “La música suena bien; hay que ver la letra mañana”, afirmaba Amor.

Pacto de rentas

Precisamente de esa letra, la que detalle en el BOE el alcance de las medidas, dependerá otra de las claves para tratar de controlar la inflación desbocada en los últimos meses: el pacto de salarios entre empresarios y sindicatos, que de momento está estancado tras varias semanas de negociaciones bilaterales. Sordo enfatizaba la importancia de la acción del Ejecutivo: "el Gobierno no puede ser un espectador que demande que lleguemos a un pacto salarial, tiene que decir qué medidas pone en la mesa para facilitar el acuerdo salarial. Si pone medidas [eficaces para controlar los precios], el acuerdo estará más cerca; si no, estará más lejos, porque no vamos a avalar un proceso de devaluación salarial en España". Álvarez insistía en que ésa es la línea roja para los sindicatos: "no vamos a llegar a ningún pacto que no mejore el poder adquisitivo de las personas".

Todas las partes instan eso sí al Gobierno a definir nuevas medidas con el concurso del diálogo social: "le deseo buena mano para afrontar los momentos que nos ha tocado vivir", decía Amor a Calviño, "y nuestro ofrecimiento y nuestro compromiso de diálogo para buscar lo mejor para este país", concluía; "las políticas que aprobará el Gobierno mañana [por este martes] no han sido pactadas con los agentes sociales; a partir de ahora podemos acabar de definir un paquete más ambicioso de medidas acordadas en el diálogo social", planteaba Sordo.