El Gobierno ha ordenado el pago de una indemnización de 259 millones de euros a Endesa tras una larguísima batalla legal de casi 15 años de pleitos contra una orden ministerial de 2007 anulada parcialmente por el Tribunal Supremo que conllevaba recortes millonarios para las grandes eléctricas ordenados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para intentar cuadrar las cuentas del sistema eléctrico.

Durante los últimos seis años de este largo proceso legal de más de una década, Endesa ha venido reclamando una compensación por el impacto que tuvo en sus cuentas aquella norma, en la que se establecía el recorte que debía a aplicarse a la retribución de la compañía para compensar el coste los derechos de emisión de CO2 que el Ejecutivo le asignó de manera gratuita.

La actual Secretaría de Estado de Energía, integrada en el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, notificó a la compañía eléctrica el pasado 22 de abril la resolución por la que se ordenaba el abono a Endesa y a su filial Endesa Generación de 259 millones de euros (186 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración por el daño causado con la norma anulada y otros 73 millones en concepto de intereses), según recoge la eléctrica en su informe trimestral de gestión.

La indemnización que exigía Endesa incluso originariamente era mayor. La compañía eléctrica inició en 2016 una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración General del Estado y entonces solicitaba una compensación de 285 millones de euros. Pero la Audiencia Nacional estimó sólo parcialmente la reclamación de Endesa y dejó fuera parte del negocio que la compañía consideraba que también se había visto afectado. Sólo reconoció los 188 millones pedidos por el impacto en los contratos bilaterales físicos de venta de energía y no los 97 millones de los contratos físicos asimilados.

Recortes desde 2006

El caso viene de lejos. El Gobierno de Zapatero aprobó en 2007 un recorte a la retribución que recibían los productores de electricidad para compensar el importe de los derechos de emisión de CO2 que habían recibido gratuitamente del Ejecutivo -singularmente para la producción de sus centrales de gas- pero que las compañías habían acabado internalizando en el precio de la electricidad y trasladándoselo a los clientes.

Mientras estuvo en vigor la norma, todas las grandes eléctricas tuvieron que devolver 1.100 millones de euros por los ingresos extra de 2006, 50,6 millones en 2007, otros 1.074 millones en 2008 y 436 millones más correspondientes a la actividad del primer semestre de 2009. Unos importes que se destinaron esos ejercicios a reducir el enorme déficit de tarifa del sector (el desajuste entre ingresos y costes reconocidos que acabó provocando una enorme deuda de los clientes con el sistema de casi 30.000 millones de euros y que aún hoy todos los consumidores siguen pagando mes a mes en sus facturas).

Tras una sucesión de recursos y contrarrecursos, el Tribunal Supremo confirmó en 2014 la anulación de algunos artículos de una orden ministerial de 2007 del Ministerio de Energía con la que se buscaba regular esas devoluciones, por lo que el Ejecutivo consideraba ingresos extraordinarios. Fuentes del Gobierno apuntan que ahora sólo se ha ordenado el pago de la compensación a Endesa. Con anterioridad, tras compañías eléctricas que también recurrieron, como Iberdrola, ya percibieron la compensación correspondiente hace años.

Y tras otro cruce de recursos y alegaciones entre Endesa y la Abogacía del Estado durante los últimos seis años a cuenta de la reclamación patrimonial, la Audiencia Nacional finalmente dictó sentencia en 2020, reconociendo la compensación y ha emitido sendos autos de ejecución de la misma en enero y febrero de este año. El Ministerio para la Transición Ecológica acordó el mes pasado finalmente ejecutar esta sentencia y ordenar el pago de la indemnización y de los intereses millonarios acumulados.

Impacto de los resultados

Desde Endesa se apunta que la compañía ya contabilizó la indemnización en sus cuentas del primer trimestre de 2021 (188 millones extra apuntados como ingresos de venta de electricidad en el mercado mayorista, al que se suma ahora también los intereses millonarios) al dar por seguro que el Gobierno la abonaría al no recurrir la última sentencia de la Audiencia Nacional que dictaminaba la compensación.

Ésta es una de las razones por las que Endesa ha presentado unos resultados del primer trimestre de este año con una caída del beneficio de 31% a pesar de la buena marcha operativa, como consecuencia de los ingresos extraordinarios contabilizados el año pasado como derecho de cobro. Faltaba que el Ejecutivo ordenara de manera efectiva el abono, que ahora percibirá la compañía.