Una subida del 178% en la energía eléctrica, un 50% en materiales siderúrgicos, 40% en la cerámica, 20% en el cobre, 17% en la madera y 55% en el aluminio. Estos imparables aumentos de precio insoportables, cifrados en torno al 30%, es lo que denuncia la Confederación Nacional de la Construcción, que asegura que el Gobierno no está poniendo nada de su parte para hacer revisiones en los precios de las obras públicas.

Por iniciativa del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, el Ejecutivo aprobó dos Real Decreto Ley para permitir una revisión de los contratos públicos. Sin embargo, las condiciones y la interpretación realizada por el Ministerio de Hacienda causará que entono al 90%-95% de las obras en marcha no tengan ninguna posibilidad de aplicar revisiones de precios. Solamente, tienen alguna posibilidad las infraestructuras ferroviarias, hidráulicas, las carreteras y edificaciones industriales.

Uno de los aspectos más vagos del Real Decreto Ley 6/2022 es definir en qué periodos sí se pueden revisar las adjudicaciones. Después de una interpretación del Ministerio de Hacienda, las obras tienen que situarse en estado de tramitación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 y haberse finalizado después de la publicación de la norma. Esta tramitación ha generado mucha polémica y la CNC planea emitir un voto particular. Esto excluye a todas las infraestructuras cuya construcción haya comenzado una vez iniciado 2021 o bien aquellas que hayan finalizado antes de la salida del Decreto. También, a aquellas cuyo plazo de ejecución es inferior a 15 meses que, según la patronal de las constructoras, suponen el 80% de los contratos. En 2021, se han licitado 6.679 obras en España, de las cuales 5.307 tienen una duración menor a 12 meses.

Desde la asociación aseguran que “se está primando a aquellos contratos que se están retrasando y perjudicando a aquellos que hicieron un esfuerzo y acabaron sus ejecuciones en plazo”. Además, creen que estas dos últimas regulaciones solo han generado retrasos en obras, abandono de proyectos, parálisis en el sector y cierre de pequeñas constructoras regionales. A esto hay que sumar el silencio de la Administración, ya que son las empresas las que tienen que reclamar antes de certificar el final de obra, con el añadido de que tampoco obtienen una respuesta para aplicar dichas revisiones.

Conflicto entre administraciones

Comunidades Autónomas, entidades locales y el Gobierno están en pleno conflicto por este tema. Hay Ayuntamientos que no hay aplicado el Real Decreto y hay regiones que han flexibilizado las condiciones, entre ellas Galicia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña o Aragón. Precisamente, Galicia, Extremadura y Andalucía están en un proceso bilateral con el Ejecutivo, antes de que su flexibilización sea recurrida al Tribunal Constitucional.

La Confederación Nacional de la Construcción insta al Ministerio de Transportes a que lancen un tercer decreto en el que se obligue a las corporaciones locales a aplicarlo, que se tengan en cuenta todas obras comenzadas a partir del 1 de enero de 2021, eleve el valor máximo de compensación del 20% al 50% sobre el precio de adjudicación del contrato y que se compense el incremento del precio de la energía.