No solo entre la gran distribución ha levantado ampollas la propuesta; el comercio de proximidad tampoco ve nada clara la nueva estrategia del Gobierno para afrontar la inflación. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, dijo ayer que en ningún caso la idea de una cesta de la compra a precio congelado que propondrá el lunes formalmente a los grandes supermercados va para el pequeño comercio. "El esfuerzo se lo pedimos a las grandes distribuidoras y no al pequeño comercio, que no tiene capacidad para esto", aclaró esta portavoz gubernamental. La cuestión es que el pequeño comercio se ha alborotado igual: "Esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad".
Así lo ha denuncia la Confederación Española de Comercio (CEC), representante de asociaciones y gremios de todo tipo de oficios en España. Esta entidad argumenta que un movimiento así ejercería un efecto llamada sobre los consumidores que operaría en detrimento del resto de comerciantes, "que no pueden competir en márgenes ni asumir los costes".
"Somos ante todo empresas familiares por lo que somos conocedoras de primera mano de la difícil situación que atraviesan muchos hogares españoles: llevamos rebajando márgenes y conteniendo precios desde hace meses", plantea el presidente de CEC, Rafael Torres. "Pero la solución para ayudar al consumidor (fin con el que nos mostramos totalmente comprometidos) no debe pasar en ningún caso por una medida que perjudique directamente al comercio de proximidad", añade.
Sobre todo, continúa la entidad, porque este tipo de negocios llevan meses haciendo frente a un "desorbitado" aumento de sus costes fijos (energía, alquiler...) y variables (por el alza del precio de los productos). "Respetamos la competencia y el libre mercado, pero entendemos que un acuerdo con las grandes distribuidoras supondría para los formatos más pequeños una pérdida de empleo enorme y pondría en riesgo la continuidad de miles de comercios", rematan.
En este sentido, la asociación ha pedido también asistir al encuentro que ha convocado la ministra con las principales asociaciones de gran distribución y de consumidores. Esta ronda de contactos empezó ayer con Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, reuniéndose con el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, que, según el relato posterior de la ministra, estudiará la propuesta.
Asperezas políticas
El caso es que antes de lanzarla formalmente hay asperezas que limar internamente. La primera con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que lleva desde que se empezó a hablar de la propuesta insistiendo en lo que este viernes ha recalcado en declaraciones a Aragón TV recogidas por Europa Press: "Evidentemente nadie tiene en su mano, ni desde un punto de vista del sentido común, ni desde un punto de vista de la ley, la posibilidad de fijar precios o indicarle precios a la distribución, es una cuestión que tiene que hacerse de acuerdo con las reglas del funcionamiento de la sociedad, de nuestro mercado y de las reglas de la propia Unión Europea", ha indicado Planas. "Lo que pide el Gobierno, que es lo que pido yo como ministro de Agricultura y de Alimentación, es que cada eslabón de la cadena asuma su responsabilidad", ha añadido.
La propia Díaz ha defendido rato después de nuevo su propuesta: "El bolsillo de los ciudadanos atañe a todo el Gobierno" y debería ser precisamente "todo el Gobierno", ha dicho, el que tendría que dar solución a este "enorme problema".
