Estatuto del becario: la patronal aprieta a Trabajo para mantener las prácticas extracurriculares

El Ministerio de Trabajo ha reiniciado este lunes las negociaciones para el nuevo Estatuto del Becario. Una carpeta que pretendía tener cerrada desde antes del verano y que ha ido posponiendo en aras de sumar a la patronal a un acuerdo. La CEOE, que fue dilatando las conversaciones antes de celebrar sus elecciones internas, ha regresado a la mesa con el mantenimiento de las prácticas extracurriculares como uno de sus principales caballos de batalla. La supresión de las mismas -aquellas que no son necesarias para aprobar el grado- era la principal novedad que introducía el último borrador remitido a los agentes sociales. Una última propuesta que los sindicatos llegaron a remitir a sus máximos órganos directivos para ratificar como preacuerdo. Y que van a exigir que se cumpla sin apenas cambios de calado. Los negociadores de Yolanda Díaz preparan ahora un nuevo documento, tratando de preservar los equilibrios que le permitan mantener a las centrales en el 'sí' y a la vez sumar a la CEOE.

Más de tres horas ha durado la reunión de este lunes en el Ministerio de Trabajo. Durante la misma la patronal ha argumentado su enmienda prácticamente a la totalidad del preacuerdo que tiene Díaz con los sindicatos. Según coinciden diversas fuentes presentes en la reunión, la CEOE pretende mantener las prácticas extracurriculares e introducir excepciones en la obligación de las empresas a costear el transporte y alojamiento de los becarios. Más concretamente para aquellos que hacen estadías en el extranjero y cuando estas son obligatorias para que el alumno se saque el título. Otra de las novedades que pretendía fijar por ley la reforma es que toda compañía o universidad debiera asumir el coste de material, transporte y alojamiento (si fuese necesario) y nunca el becario. Ya fuere vía pago monetario o poniendo directamente dichos medios.

La exención de dichas obligaciones en el caso de las estadías extranjeras es una cuestión con poca afectación a nivel general, pues la gran mayoría de las prácticas tanto curriculares como extracurriculares se suelen llevar a cabo en la misma ciudad o cercanías donde el alumno cursa sus estudios. Principalmente porque el centro formativo tiene firmados sus convenios de colaboración con los tejidos locales. No obstante, entre las escuelas de negocios o para determinadas carreras muy proyectadas al extranjero sí que tendría incidencia esta obligación.

No obstante, lo mollar de la reforma pasa por la regulación de las prácticas extracurriculares. Según la última propuesta de Trabajo, la nueva norma finiquitaría con esta modalidad a partir del 2025. Desde el Gobierno entienden que el principal fraude con el uso de becarios para suplantar trabajadores se produce con esta modalidad, ya que se puede invocar varias veces durante los estudios del alumno y, en el caso de no estar remunerada, actualmente la Seguridad Social carece de información al respecto.

Cotización a la Seguridad Social

Una baza que ponderan desde el Ministerio de Trabajo para dar cabida a esa demanda de mayor flexibilidad y mantener las prácticas extracurriculares sería limitar su uso. Y que un estudiante no pueda cursar más de un número concreto de horas al mes bajo esta fórmula o que el grado en el que está no pueda tener a más de un porcentaje concreto de alumnos con prácticas extracurriculares de manera simultánea. Aquí Trabajo prioriza el control de que esta vía no esconde un fraude y no tanto suprimirla directamente. La obligación de todo estudiante de cotizar a la Seguridad Social por sus prácticas, ya sean curriculares o no curriculares o remuneradas o no remuneradas, facilitaría su control. Ya que la Seguridad Social tendría constancia de cuantas horas hacen los alumnos y si encadenan varias estadías de prácticas. Esa obligación de cotizar será aprobada a parte en un próximo Consejo de Ministros y la previsión del Ejecutivo es hacerlo antes de acabar el año.

Por la parte de los sindicatos, sus negociadores tienen las "manos atadas" con los cambios respecto al último borrador, pues dichas condiciones que el Gobierno dejó negro sobre blanco ya las tienen validadas por sus cúpulas como principio de acuerdo. Y evitar la supresión de las prácticas extracurriculares, prevista a partir del 2025, significaría un cambio de calado en la norma. Una norma que el Gobierno pretende validar como proyecto de ley, lo que implica que podría experimentar modificaciones en el Congreso fruto de los acuerdos a los que llegue la coalición para sacarla adelante. Algo que tardará varios meses y que deja su entrada en vigor, como pronto, para el curso 2023-2024.