Ha pasado ya más de medio año desde que España y Portugal pusieron en funcionamiento el popularmente conocido como ‘tope al gas’ para evitar el contagio del aumento de los precios del gas en la factura de la luz. Esta medida ha supuesto un ahorro acumulado de 209 euros en 2022 para cada uno de los hogares españoles con tarifa regulada de electricidad, según un informe elaborado por la escuela de negocios Esade bajo el título 'Los efectos del tope al gas en los precios, la inflación y el consumo seis meses después', en el que se evalúa el funcionamiento del mecanismo ibérico entre el 15 de junio y el 31 de diciembre de 2022.

El análisis estima un ahorro medio porcentual en el recibo de los hogares con tarifa regulada (PVPC) del 31,8%, lo cual corresponde a unos 209 euros de media por hogar y se traduce en un total de 1.880 millones de euros de ahorro al asumir que hay unos 9 millones clientes de luz con este tipo de tarifa. Este resultado lleva a los investigadores ha concluir que esta excepción ha supuesto que la inflación interanual sea 0,3 puntos más baja en España (8,4%) que la que habría tenido sin su aplicación (8,7%), algo que, a juicio de los investigadores, ha sido "decisivo" para el diferencial positivo español en comparación con la media de la Eurozona (9,2%).

El resultado de 1.880 millones de ahorro afecta solo al conjunto de usuarios del mercado regulado y no a los del mercado libre (la otra pata del mercado eléctrico minorista) donde "es más difícil de cuantificar" el menor gasto, según explica a través de correo electrónico una de las autoras del informe, la investigadora del Centro de Políticas Económicas de Esade, Natalia Collado Van-Baumberghen. En cualquier caso, la cifra contrasta con las del Ministerio para la Transición Ecológica que estima un ahorro de 4.500 millones de euros en el mismo periodo, aunque en este caso hace referencia a la diferencia entre lo que se habría pagado a los generadores de electricidad sin este 'tope al gas' y lo que se ha pagado gracias al mecanismo.

El 'tope al gas' supone establecer un precio máximo de entre 40 y 70 euros por megavatio-hora(MW) al que las centrales que consumen gas (ciclos combinados, carbón y cogeneración) pueden vender electricidad en el mercado mayorista. El beneficio para los consumidores radica en que el resto de tecnologías (renovables, nucleares e hidráulicas) recibirán como máximo esa retribución, mientras que las empresas que queman gas no pierden dinero al ser compensadas por la diferencia entre el precio real del gas y esa referencia de precio máximo. Sin embargo, según el informe precisamente esa compensación ha provocado un mayor uso de gas en las centrales de ciclo combinado, aunque reconocen que esa diferencia era todavía mayor en verano, debido a la sequía de la primera mitad de 2022 que limitó la posibilidad de utilizar la energía hidroeléctrica, mientras que en otoño se redujo.

Además de este mayor uso del gas precisamente cuando lo que se busca es, además de reducir el precio para los consumidores españoles, disminuir el consumo de esta materia prima para reducir la dependencia de Rusia, otro efecto colateral ha sido el aumento de las exportaciones españolas. Las interconexiones energéticas funcionan con el flujo a favor del país que tiene la energía más cara. Y los investigadores sostienen que, sin el tope al gas, el precio de la electricidad española habría sido ligeramente superior al precio francés en la mayoría del tiempo y no al contrario, como ha ocurrido en los últimos meses, lo cual hubiera evitado que las exportaciones se hayan disparado, mientras que las importaciones en vez de reducirse hubieran aumentado.

El 'tope al gas' finaliza su aplicación el 31 de mayo de este año, cuando cumpliría casi un año de existencia. Sin embargo, los gobiernos español y portugués han transmitido ya a la Comisión Europea su intención de extender esta excepción hasta que termine la guerra de Ucrania y la volatilidad de los precios se frene o hasta que se desarrolle un nuevo mercado eléctrico en Europa. Desde Bruselas han avisado que con las reglas de mercado actuales --marco temporal de validez de actuaciones extraordinarias por la guerra de Ucrania-- esta excepción podría ampliarse como máximo hasta el 31 de diciembre de este año.