España esquiva un choque con China y frena aprobar la lista negra de proveedores de 5G

El Gobierno sacó adelante ya hace casi un año el real decreto con el que fijó las normas para garantizar la seguridad de las redes de 5G, la quinta generación de comunicaciones electrónicas. La nueva legislación daba un plazo de tres meses al Ejecutivo para fijar un listado de proveedores de alto riesgo que quedarían vetados de participar en el núcleo (core) de las nuevas redes y que el sector de las telecos daba por hecho que se utilizaría para dejar fuera a tecnológicas chinas (singularmente Huawei) por motivos de seguridad.

Pero ese listado no ha sido aprobado a pesar del plazo impuesto por la normativa, sigue sin fecha concreta para concretarse de manera formal y, además, el Ejecutivo enfría la posibilidad de sacarlo adelante próximamente. "España está avanzando siguiendo una hoja de ruta y un calendario premeditado (…) Estamos siguiendo un calendario similar al de otros países europeos”, indicó este lunes la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para justificar el retraso.

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Desde el Gobierno se desliza que no hay urgencia cierta por formalizar la aprobación porque las propias telecos españolas ya están aplicando el espíritu de la ley de seguridad del 5G. Y es que las propias compañías Telefónica, Orange y Vodafone en la práctica han dejado fuera del núcleo de sus redes de 5G a la china Huawei, con la que sí contaron para desplegar la anterior generación de comunicaciones 4G.

“Ya hemos adaptado la legislación de seguridad del 5G. Los principios son bien conocidos por las operadoras y ya los están aplicando, independientemente de que se establezca una decisión más detalladas”, subrayó Calviño. en un encuentro con prensa en el Mobile World Congress (MWC), la gran feria de la industria del móvil que se celebra esta semana en Barcelona.

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Desde el sector español de las telecos se da por hecho que el Gobierno no aprueba la lista negra de proveedores de alto riesgo para evitar un choque directo con China en este campo y apuntan como factible que no llegue a aprobarse en un futuro dado que el objetivo último de la medida, que era dejar fuera a las tecnológicas chinas, de facto ya se está consiguiendo.

El real decreto con los requisitos para garantizar la seguridad de las redes y los servicios de 5G establecía que en tres meses desde la entrada en vigor -esto es, como máximo el pasado 30 de junio- el Consejo de Ministros debía aprobar el listado de suministradores de alto riesgo y que en el mismo plazo el Consejo de Seguridad Nacional determinaría qué ubicaciones y centros se consideraban críticos para la seguridad y que por ello no podrían utilizar tampoco ningún equipamiento de esos proveedores de alto riesgo. Pero cumplido con creces la fecha límite el Gobierno no ha avanzado en estas materias.