La esperada reforma del mercado eléctrico europeo, con la que Bruselas aspira a acelerar el despliegue de las energías renovables, limitar los picos y la volatilidad de los precios del gas y su impacto en la factura de consumidores y empresas, ya está marcha. No será la revolución radical que países como Francia o España pedían y se acerca más a los cambios limitados que defienden los países nórdicos, Alemania y Holanda, pero según la Comisión Europea ayudará a proteger mejor a los consumidores y aumentará la previsibilidad y estabilidad de los costes energéticos para impulsar la competitividad de la industria europea. "Pedimos a los colegisladores que traten este expediente con prioridad", ha reclamando la comisaria de energía, Kadri Simson.

Bruselas parte de la idea de que el mercado eléctrico actual es eficiente y está bien integrado y pone como ejemplo los 34.000 millones de euros de ahorro anual estimados por el regulador europeo (ACER). Por eso, mantiene el modelo de fijación de precios marginal -por el que la tecnología más cara determina el precio- porque la conclusión, tras la consulta lanzada en enero es que "proporciona las señales de precios adecuadas” y las alternativas producen peores resultados. No obstante, es evidente que desde el verano de 2021 los precios han registrado unos picos sin precedentes que se han dejado sentir en la factura de los hogares europeos y que es necesario adoptar medidas. Un impacto agravado por la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, que disparó la factura energética todavía por la subida del precio del gas aunque las energías renovables, mucho más baratas, cubren ya más de un tercio de la demanda de electricidad de la UE. 

La reforma, que ahora tendrá que ser negociada y acordado entre Parlamento Europeo y Consejo (Estados miembros) tiene un doble foco, tal y como avanzó la semana pasada El Periódico, del grupo Prensa Ibérica: consumidores e industria. En primer lugar, pretende garantizar una mayor protección de los hogares europeos con precios más estables basados en energías renovables y no fósiles. Para ello, establece el derecho de los consumidores a beneficiarse de una amplia gama de contratos, a largo plazo con precios fijos pero también contratos de precios dinámicos, para aprovechar la variabilidad de los precios, y que los consumidores puedan beneficiarse de los momentos en los que la electricidad es más barata. 

Protección de consumidores vulnerables

Esta libertad contractual se traducirá, por ejemplo, en que un cliente podrá optar al mismo tiempo por un contrato fijo para su consumo ordinario y un contrato dinámico para cargar un coche eléctrico por la noche o utilizar una bomba de calor cuando la electricidad sea más barata mientras que el suministrador tendrá que informar de forma clara de las ventajas y desventajas. El plan también obliga a los Estados miembros a establecer proveedores de último recurso para que ningún consumidor se quede sin electricidad en caso de que falle su proveedor e impide que los consumidores vulnerables o con bajos ingresos y con atrasos en sus facturas sean desconectados de la red. 

Otra novedad es que facilitará el acceso de los consumidores domésticos y de las pequeñas y medianas empresas a precios minoristas regulados en caso de crisis -será la Comisión Europea quien determine si se cumplen los criterios para declarar la existencia de una crisis- y que dará más poder a los consumidores al crear el derecho a compartir directamente la energía renovable (autoconsumo), sin necesidad de crear comunidades energéticas. Por ejemplo, los particulares podrán invertir en parques eólicos o solares y vender la electricidad solar sobrante de sus tejados a sus vecinos y no sólo a su proveedor. Esto, sostiene la Comisión, permitirá a todos los consumidores interesados, incluso a los que no poseen un tejado o no pueden permitirse invertir en paneles solares, beneficiarse directamente de la energía renovable e independizar sus facturas de electricidad del precio del gas.

Estabilidad para la industria

La solución diseñada por Bruselas no afectará a la formación de los precios en los mercados a corto plazo pero sí la forma de remunerar a los generadores inframarginales. Para dar estabilidad y certidumbre, propone facilitar el despliegue de contratos a largo plazo más estables, con proveedores de energías renovables o de bajas emisiones de carbono como la nuclear. Para fomentar el crecimiento de este tipo de acuerdos, se permitirá a los promotores de proyectos de energías renovables y bajas en carbono que participen en una licitación pública de apoyo, reservar una parte de la generación para su venta a través de los acuerdos.

Además, para dar estabilidad a los ingresos de los productores de electricidad y proteger a la industria de la volatilidad de los precios, todas las ayudas públicas a nuevas inversiones en generación de electricidad renovable y no fósil inframarginales (eólica, solar, geotermia, hidráulica y nuclear) tendrán que estructurarse en forma de contratos por diferencia (CfD) con un precio fijo -con un suelo y un techo- que estabilice el precio y una salvaguarda. Si el precio de mercado supera el techo, los beneficios adicionales de los productores serían recolectados y distribuidos por los gobiernos entre los consumidores para rebajar su factura proporcionalmente a su consumo. 

Así, alega la Comisión, se garantiza que los productores no obtengan beneficios inesperados de unos precios de mercado excesivamente altos, al tiempo que el Gobierno garantiza siempre la seguridad de los ingresos. Según explican fuentes comunitarias, si los precios caen por debajo del umbral mínimo habría una compensación para los generadores para que puedan cubrir sus costes. Esta posibilidad solo se aplicará a “nuevas inversiones” y no tendrá carácter retroactivo a la hidroeléctrica y la nuclear existente como pedía España. El plan también apuesta por impulsar la liquidez de los mercados de contratos a largo plazo que fijen precios futuros, denominados “contratos a plazo” para permitir a más proveedores y consumidores protegerse de precios excesivamente volátiles durante periodos más largos.

Además, se incluyen nuevas obligaciones para facilitar la integración de las renovables en el sistema y mejorar la previsibilidad de la generación, con más transparencia para los operadores del sistema en lo que se refiere a la congestión de la red y plazos de negociación más cercanos al tiempo real. Con este diseño, el Ejecutivo comunitario considera que habrá más transparencia y una competencia abierta y leal en los mercados mayoristas europeos de la energía. Para mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico, los Veintisiete tendrán que evaluar sus necesidades y tendrán la posibilidad de introducir nuevos regímenes de apoyo, especialmente para la respuesta a la demanda y el almacenamiento.