La Autoridad Fiscal lleva a la Abogacía del Estado la proliferación de encargos del Gobierno por "atentar" contra su independencia

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estalla contra la proliferación de encargos de evaluaciones e informes por parte del Gobierno que exceden el mandato que le atribuye la ley orgánica por la se creó el organismo. La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ha anunciado este miércoles que su organismo ha planteado una cuestión a la Abogacía del Estado para determinar hasta qué punto el Gobierno puede sumar nuevas encargos de informes, opiniones y evaluaciones a un organismo cuyas tareas están acuñadas en una ley superior (de carácter orgánico) y que se autofinancia con las tasas que cobra a las diferentes administraciones públicas por sus informes.

La presidenta de la Airef interpreta que la proliferación de encargos en los que el Gobierno, además, determina las fuentes de información que debe utilizar la Autoridad Fiscal, los plazos a los que debe someterse y la metodología que debe emplear en determinados informes “atentan contra nuestra independencia y autonomía de gestión”. Son encargos que el organismo debe atender con los tasas que cobra al propio Estado, autonomías y ayuntamientos.

Es una queja que, de forma reiterada, Herrero ha expresado en sus últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados y en algunas intervenciones públicas: “Vengo denunciando desde hace mucho tiempo que hay que parar esta deriva”. Y ahora ya se ha pasado a la acción: "Hemos planteado una consulta a la Abogacía del Estado para que nos diga si nuestra interpretación es correcta o no, y si se nos pueden endosar por ley ordinaria, real decreto ley o por un simple real decreto obligaciones no recogidas en nuestra ley orgánica", ha expresado Herrero en el transcurso de una rueda de prensa convocada para presentar la cuarta opinión de la Airef sobre el Ingreso Mínimo Vital.

El último encargo

La "gota que ha colmado el vaso" -en expresión de la propia Herrero- ha sido el reciente encargo por parte del Gobierno de un informe extraordinario sobre la sostenibilidad de las pensiones que debería ser presentado antes del 1 de junio de 2026. El Ejecutivo puso en marcha esta nueva obligación el pasado 5 de junio, apenas dos meses después de que la propia Airef avalara la viabilidad del sistema, pero con acotaciones muy críticas, y dos años antes del que debería volver a publicar este organismo fiscalizador, antes de abril de 2028.

"¿Realmente alguien piensa que la visión de la Airef sobre la sostenibilidad de las pensiones va a cambiar en un año?", se ha preguntado Herrero de forma retórica. "Seguimos diciendo lo mismo: que la reforma de las pensiones aumenta el desequilibrio de la Seguridad Social en más de un punto de PIB", ha dicho.

Contra la regla de gasto de las pensiones

Además, la presidenta de la Airef -cuyo mandato finaliza el próximo 3 de marzo- ha vuelto a cargar contra la regla de gasto definida por el Gobierno y convertida en indicador de la sostenibilidad de las pensiones: "El problema es que tenemos una regla de gasto en pensiones que no mide nada, no mide la sostenibilidad y está definida de tal manera que es absolutamente sensible al ciclo", ha añadido Herrero para desacreditar el indicador incorporado por real decreto ley en la reforma de la Seguridad Social del exministro José Luis Escrivá.

En su 'Informe de evaluación de la regla de gasto', publicado el 31 de marzo, la Airef ya expresaba que, con la elaboración del documento, se cumplía con el mandato legal, pero advertía de que "la regla de gasto de pensiones evaluada en este informe ofrece una visión parcial de la sostenibilidad. Además, la independencia de la AIReF para desarrollar sus propias hipótesis y metodología se ve restringida por la obligación de utilizar los supuestos del informe de envejecimiento [de la Comisión Europea]". 

Ley de 'startups'

La obligación de la Airef de evaluar la regla de gasto de las pensiones cada tres años fue establecida en un real decreto ley de marzo de 2023 y, para Herrero es solo un ejemplo más de la proliferación de informes que el Gobierno endosa a la Autoridad Fiscal al margen de las atribuciones fijadas en la ley orgánica de creación del organismo.

La presidente de la Autoridad Fiscal también se ha referido a las obligaciones que impone al organismo la ley de 'startups'. En ella se establece que la Airef deberá realizar "un inventario sobre todas las líneas de ayuda existentes en el Estado y su sector público institucional dirigidas a empresas emergentes o a su creación". También se endosa a la Airef la tarea de realizar "una evaluación de la economía, eficacia y eficiencia de las líneas de ayuda" y de formular recomendaciones para garantizar su máxima coherencia y efectividad.

La reciente imposición legal, a través de un real decreto, de realizar un informe extraordinario sobre la sostenibilidad de las pensiones antes del 1 de junio de 2026 ha sido "la gota que ha colmado el vaso".

La presidenta de la AIReF ha pedido “que se limite muy mucho” que la Autoridad Fiscal “entre a valorar otras cosas al margen de lo que está previsto” en la ley orgánica que la regula y que, en todo caso, se haga “previa consulta" con el organismo, como así se hizo, por ejemplo, antes de asumir la obligación de emitir opiniones anuales para evaluar el funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital introducido en 2020.

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