Vivienda insta a las comunidades a pactar un nuevo plan de 6.660 millones con un 40% de financiación autonómica

El Ministerio de Vivienda tiene ya definidas las bases del nuevo plan estatal para el periodo 2026-2030 que debe habilitar los recursos necesarios para ejecutar inversiones en construcción y rehabilitación de viviendas públicas en todos los territorios. El objetivo de este programa es alcanzar un volumen de 6.600 millones de euros para los próximos cinco años pero a través de un nuevo modelo de colaboración con las comunidades autónomas que tendrán que aportar un 40% del presupuesto, es decir, 2.600 millones de euros, a través de sus propios recursos.

Este marco de trabajo ha sido objeto ya de reuniones bilaterales entre el Ministerio y varias comunidades autónomas y de una comisión multilateral con todas las consejerías que se celebró el lunes 14 de julio. Además fue el tema central de la última Conferencia de Presidentes. Este miércoles, el departamento que dirige Isabel Rodríguez ha dado un paso más y ha remitido un escrito a todos los gobiernos autonómicos en el que hace un llamamiento a formalizar el nuevo acuerdo estatal lo antes posible con base en tres principios: triplicar la inversión, blindar el parque protegido y garantizar la transparencia en los datos.

"Es hora de continuar trabajando para ofrecer a la ciudadanía un acuerdo amplio, transversal y eficaz para garantizar su acceso a una vivienda digna y asequible. Confío en que el objetivo de triplicar la inversión, proteger la inversión y los datos públicos pueda considerarse en todas las comunidades para llegar a un acuerdo estatal sin que esto impida que puedan desarrollar sus propios programas", recoge el escrito firmado por la ministra Isabel Rodríguez y remitido a todos los consejeros y consejeras de Vivienda al que ha tenido acceso este periódico.

El presupuesto base de este nuevo plan de vivienda, que sustituye al marco vigente (2022-2025) tiene como punto de partida la decisión de pasar a un modelo de planificación de cinco años (uno más que el marco actual). A partir de ahí el objetivo es triplicar la inversión hasta alcanzar los 6.600 millones de euros. Pero para ello, en esta ocasión, el Gobierno central se compromete a aumentar su aportación siempre y cuando haya también un mayor esfuerzo de todas las comunidades autónomas.

En el plan 2022-2025 las comunidades autónomas aportaron en su conjunto en torno a 711 millones de euros (un 30% del presupuesto total de 2.132 millones de euros). Ahora, se les plantea que formalicen un acuerdo en el que asuman el 40% del coste total, es decir, 2.600 millones de euros. Se debe, por tanto, multiplicar por cuatro la aportación autonómica media (con el matiz de que el programa tiene un año más de duración).

La planificación presupuestaria se basa en los actuales criterios de reparto del presupuesto, que tendrían que ratificarse en conferencia sectorial y que abarcan 15 comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ni País Vasco ni Navarra están incluidas dentro de esta planificación estatal para los próximos cuatro años. Por tanto los cálculos se plantean con el objetivo de que se triplique la inversión en vivienda en todos los territorios.

Andalucía es la comunidad que podrá obtener un mayor beneficio de este nuevo plan estatal de vivienda que alcanzará los 1.139 millones de euros de los cuales 455 los deberá aportar la Consejería de Fomento. En el caso andaluz, además, será uno de los territorios donde el Gobierno exige un mayor esfuerzo al Ejecutivo autonómico dado que tendrá que multiplicar prácticamente por siete una aportación que hasta ahora sólo llegaba al 25%.

En segundo lugar, la comunidad de Madrid, tendrá acceso a una inversión de 1.059 millones de euros, pero deberá aportar 423 millones en los próximos cinco años frente a los 68 millones que destinó a contribuir al plan estatal de vivienda en el periodo 2022-2025.

Le sigue Cataluña con 966 millones de euros. En este caso, sin embargo, la aportación autonómica apenas tendrá que experimentar variación puesto que en el actual plan estatal aporta 332 millones de euros (más que el Ejecutivo central) y en el nuevo marco sólo deberá alcanzar los 386 millones de euros en un periodo en este caso de cinco años. En cuarto lugar, la Comunidad Valenciana que aspira a una inversión de 760 millones de euros de los cuales deberá aportar 303 millones de euros frente a los 76 millones del marco anterior.

Defensa de las competencias estatales

El debate sobre este nuevo plan estatal viene precedido de un pulso entre el Ministerio y las comunidades por las competencias en materia de vivienda que según la Constitución y los distintos estatutos están asentadas principalmente en las autonomías. Este pulso, especialmente tenso con las regiones gobernadas por el PP, se ha reflejado en el desarrollo de la Ley Estatal de Vivienda recurrida ante el Tribunal Constitucional y que incorpora un modelo de intervención en el mercado de alquiler que se han negado a aplicar la mayor parte de los ejecutivos autonómicos.

El Ministerio de Isabel Rodríguez, en su escrito a las consejerías, reivindica su protagonismo y su capacidad de intervención: "La Ley de Vivienda introduce por primera vez en la democracia una norma estatal que regula de manera integral este derecho (...) Sus artículos 12,23 y 24 habilitan al Estado para establecer planes plurianuales de ayudas y condicionar su financiación con criterios generales de planificación económica, especificando su destino y regulando condiciones esenciales de otorgamiento sin vulnerar el reparto competencial con las comunidades y ciudades autónomas que ha ratificado el Tribunal Constitucional".