La siniestralidad laboral repunta en 2025 con 363 muertes en el primer semestre

Los accidentes laborales se han cobrado la vida de 363 personas en España durante el primer semestre de 2025, tres más que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo. Un balance que mantiene la siniestralidad laboral en niveles preocupantes y que reaviva las críticas sindicales ante la parálisis de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995.

Del total de muertes, 295 se produjeron durante la jornada laboral, cuatro menos que en 2024, y 68 ocurrieron ‘in itinere’ —en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo—, siete más que el año anterior. En conjunto, estas cifras revelan una estabilidad inquietante que ha vuelto a poner el foco sobre la eficacia del actual marco normativo.

Perfil de las víctimas y causas más frecuentes

La mayoría de los fallecidos eran asalariados (334), frente a 29 trabajadores autónomos. En cuanto a las causas, los infartos, derrames cerebrales y otras causas naturales encabezaron el listado con 126 muertes, seguidos por caídas mortales (49), accidentes de tráfico (39) y aplastamientos, atrapamientos o amputaciones (también 39).

Por sectores, el de servicios concentró el mayor número de muertes (133), seguido de la construcción (87), la industria (48) y la agricultura (27). Además, la siniestralidad sigue teniendo un marcado sesgo de género: 337 de los fallecidos eran hombres, frente a 26 mujeres.

Accidentes con baja y sin baja: una tendencia a la baja, pero persistente

En total, se notificaron 298.410 accidentes laborales con baja médica, un 2,7 % menos que en 2024, de los cuales 256.071 ocurrieron durante la jornada de trabajo. La mayor parte fueron de carácter leve (253.976) y afectaron principalmente a empleados del sector industrial (47.197 casos), construcción (38.818) y comercio (33.746). Entre las causas más habituales se encuentran los golpes y los sobreesfuerzos físicos.

Asimismo, se registraron 262.990 accidentes sin baja, lo que supone una caída del 3,8 % respecto al año anterior, una tendencia positiva que, no obstante, no mitiga la preocupación por las cifras de mortalidad.

Una ley congelada desde hace tres décadas

Frente a este panorama, sindicatos como UGT y CCOO han reiterado su malestar por la inacción del Gobierno en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo anteproyecto lleva más de año y medio estancado en la mesa de diálogo social.

El borrador contempla la adaptación de la normativa a emergencias climáticas, realidades digitales, riesgos psicosociales, violencia y acoso laboral, así como la inclusión de la perspectiva de género y la actualización del catálogo de enfermedades profesionales.

Desde los sindicatos también se reclama el fortalecimiento de la figura del delegado de prevención, especialmente en pequeñas y medianas empresas, donde a menudo no se realizan evaluaciones de riesgos ni se implementan las medidas preventivas obligatorias.

Según denuncian, uno de cada tres accidentes del año pasado ocurrió en empresas que no habían realizado la evaluación de riesgos, incumpliendo la legislación vigente.

Presión sindical y exigencias al Ministerio de Trabajo

Las centrales sindicales han instado al Ministerio de Trabajo a exigir mayores garantías a los servicios de prevención ajenos, encargados de evaluar los riesgos laborales, para que puedan cumplir con sus funciones de forma efectiva en todas las empresas.

“El estancamiento legislativo está costando vidas”, han afirmado fuentes de UGT, mientras que desde CCOO recuerdan que “no se puede seguir gestionando la salud laboral del siglo XXI con herramientas del siglo pasado”.