El Gobierno despliega toda su política de vivienda en su nuevo 'megaplan' al no contar con los apoyos parlamentarios

El Gobierno ha aprovechado el nuevo Plan Estatal de Vivienda, el principal instrumento estatal para dirigir la política de vivienda, que entrará en vigor en 2026 y su vigencia se extenderá hasta 2030, para incluir una gran parte de las medidas anunciadas en los últimos meses. ¿El motivo? Este 'megaplan' será aprobado en Consejo de Ministros a mediados de diciembre a través de un Real Decreto-ley, que no necesita ser convalidado en el Congreso de los Diputados, no como la ley de suelo o el paquete fiscal, que siguen en letargo en la Cámara Baja desde hace meses sin visos de armar los apoyos parlamentarios suficientes para ver la luz.

La ley del suelo provocó el pasado año una de las grandes derrotas del Ejecutivo, que tuvo que retirar su tramitación del diario de sesiones del Congreso, después de que el PP anunciase su 'no' a la reforma, priorizando dejar solo al Gobierno que aprobar una norma con la que había mostrado sintonía. En el caso de la 'macroreforma' fiscal anunciada a bombo y platillo por Pedro Sánchez en enero, que contempla rebajas impositivas a caseros que alquilen a precios asequibles, la subida de tasas a las socimis, el veto a la compra de casas por parte de no residentes extracomunitarios o la imposición de IVA a los pisos turísticos, fue registrada por el Grupo Socialista en mayo, pero no ha avanzado en su tramitación, además de que tanto sus socios de coalición, los partidos nacionalistas y los partidos de la derecha han mostrado numerosos puntos de discrepancia con el cambio legislativo. Fuentes conocedoras explican que la intención es activar esta norma en el parlamento este trimestre.

Todas las propuestas, incluidas en el PEV

Por contra, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aglutinará todas las propuestas que no requieren de cambios legislativos y, en la práctica, suponen la movilización de recursos. Lo último que se ha incluido es un paquete de ayudas para jóvenes, entre los que destacan la ayuda de hasta 30.000 para el alquiler con opción a compra, de más de 10.000 euros para aquellos que adquieran una casa en una zona rural o los avales a caseros que alquilen a personas en este estrato de edad a precios asequibles. Estas tres propuestas fueron presentadas por el presidente del Gobierno el lunes en una reunión interparlamentaria del PSOE.

Otra de los anuncios clave en los últimos meses fue la creación de una base de datos pública de precios y otras estadísticas relacionadas con el mercado residencial. Esta fuente se va a conformar, en parte, a través de los datos que recopile cada comunidad autónoma en el depósito de fianzas de alquileres, que pasará a ser obligatorio para todas las regiones si quieren recibir fondos para construir vivienda. Se trata condicionar de forma estatal la forma de hacer las cosas, ya que la decisión final, es decir, las competencias reales, recaen sobre las comunidades.

Precisamente, en uno de los recursos al Tribunal Constitucional a la ley de vivienda, este tumbó el artículo que impedía desclasificar la vivienda protegida al tratarse de una competencia regional. Esta decisión obligó al Gobierno a condicionar en el Plan Estatal la recepción de fondos a que efectivamente se cumpla su deseo, que el inmueble esté blindado a perpetuidad.

Otro de los deseos del Ministerio de Vivienda era premiar a las comunidades que declarasen zonas tensionadas e incluyesen topes a los precios, algo a lo que se oponen casi todas las regiones gobernadas por el PP. Las zonas que sí apliquen esta herramienta contemplada en la ley de vivienda verán incrementado el porcentaje o cuantía de las ayudas que recibirán, tal y como se detalla en el documento que ya está en trámite de información pública. En la práctica esto supone cambiar el palo por la zanahoria, más cuando el ámbito competencial da cierto margen a las comunidades autónomas: si quiere dinero, haga las cosas como yo mando. En cualquier caso, antes de que el PEV sea una realidad, la ministra Isabel Rodríguez y los consejeros afines, País Vasco y Cataluña, y los que no tanto, Madrid y Andalucía, se verán las caras en una nueva conferencia sectorial, que, pese al tono de algunos de los asistentes, siempre han rematado con acuerdo.