El Gobierno da luz verde a la jubilación parcial de los empleados públicos tras más de un año de retraso

El Gobierno ha aprobado en su Consejo de Ministros de este lunes dar luz verde a la jubilación parcial de los empleados públicos de la Administración. El Ejecutivo da cumplimiento así más de un año después al compromiso adquirido con los sindicatos para recuperar la posibilidad de que el personal laboral, de nivel estatal, autonómico o municipal, puedan anticipar su retiro hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación. Las administraciones deberán contratar relevistas para suplir a aquellos empleados que decidan acceder a la jubilación parcial y podrán firmar contratos temporales hasta encontrar el relevista definitivo. La medida, que no beneficia a los funcionarios, ha sido aplaudida por las centrales, si bien han reivindicado que pueda extenderse también a los funcionarios.

El Consejo de Ministros celebrado este lunes ha dado luz verde a esta medida y ahora los cambios deberán ser ratificados por el Congreso de los Diputados. "Una medida que mejora y amplia derechos al solucionar con carácter permanente esa modalidad de retiro cumpliendo con el compromiso adquirido con las organizaciones sindicales más representativas", ha afirmado la portavoz, Elma Saiz. El modelo planteado contempla que un empleado del personal laboral con un contrato a tiempo completo pueda reducir su jornada hasta tres años antes de cumplir la edad legal de jubilación y siempre que la administración que lo contrate firme un contrato de relevo para incorporar a a alguien que le supla.

Según han detallado desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, el empleado que quiera beneficiarse de la medida deberá acreditar haber cotizado un mínimo de 33 años, tener una antigüedad de seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial y postular a una reducción de su jornada de trabajo de entre el 25% y el 75%. Si se anticipa en más de dos años el retiro, el primer año la reducción de jornada será de entre el 20% y el 33%. Lo que deje de trabajar, dejará de ingresar como salario, si bien la Seguridad Social se lo complementará luego como pensión.

Relevista interino

El real decreto ley que oficializará, presumiblemente este martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) habilita las distintas piezas necesarias para permitir el acceso a esa jubilación parcial, que legalmente ya está contemplada. Y es que actualmente un empleado ya puede anticipar su retiro, pero siempre que su administración tenga atado el relevo y era aquí donde se producía un cuello de botella. Ahora, el Gobierno habilita un mecanismo para que las distintas administraciones -estatal, autonómica o municipal- puedan incorporar en sus ofertas de empleo público una cuota de relevistas y así generar una bolsa mediante la que habilitar el retiro de unos y la incorporación de otros.

Y para establecer un puente más ágil entre las ofertas de empleo y las peticiones de jubilación parcial, se crea la figura del 'relevista interino'. "En caso de que no sea posible formalizar el contrato fijo de relevo de manera simultánea con la jubilación parcial, se permite la contratación temporal de sustitución a tiempo completo, que finalizará o bien cuando se formalice el contrato fijo, o al término del segundo año posterior a la extinción de la jubilación parcial", ha detallado el ministerio dirigido por Óscar López en un comunicado. Según interpretan los sindicatos, la administración que firme un contrato temporal de relevista deberá convocar esa plaza en la primera oferta de empleo público que apruebe, para así elevar las cotas de temporalidad.

El embrollo lo generó la reforma de la jubilación aprobada en 2024, que ponía coto a las jubilaciones parciales, en aras de alargar la vida laboral de los españoles, del sector privado y el público. La misma requirió que toda jubilación parcial fuera acompañada por un relevista y este debiere ser a tiempo completo y con una relación indefinida. Algo más fácil de aportar en el sector privado, que en el público. Ahora, tras meses de presión de los sindicatos, el Ejecutivo modifica esta situación.

Los sindicatos piden apoyos políticos

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes una medida que ahora, en un plazo de 30 días, deberá convalidar (o tumbar) el Congreso de los Diputados. Y los sindicatos han salido a reclamar apoyos políticos para que prospere. "UGT Servicios Públicos confía en el Parlamento convalidará esta medida. Su aprobación permitirá que el personal laboral de las administraciones públicas pueda ejercer un derecho reconocido para el conjunto de los laborales de este país, poniendo fin a una situación de desigualdad", ha reclamado vía comunicado. "Csif seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y de la sanidad, que lo tienen bloqueado desde 2012", han afirmado desde la central.

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