Durante el trámite parlamentario de este proyecto legislativo, las Cortes también han introducido una modificación respecto a los "fines de interés general" que deberán perseguir las fundaciones. Junto a la defensa de los "derechos humanos" y "la promoción de los valores y principios democráticos", las entidades sin ánimo de lucro estarán legalmente obligadas a proteger a "las víctimas del terrorismo y actos violentos". A cualquier fundación vinculada al entorno de ETA que transgreda este precepto le estarán vedadas las subvenciones públicas e incluso podrá ser disuelta.
