Cientos de miles de manifestantes --hasta medio millón, ha calculado la delegación del Gobierno-- han inundado el centro de Madrid desde primeras horas en una demostración de fuerza y resistencia ante los recortes decretados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta nueve mareas organizadas por comunidades autónomas y sectores sociales afectados por los recortes confluyen en la plaza de Colón, siguiendo la convocatoria de la Cumbre Social, en medio de una gran despliegue policial, coreando lemas y portando pancartas con la idea común de que los recortes "arruinan al país" y "hay que impedirlo".

Los secretarios generales de CCOO, UGT, CSIF y USO, y representantes del Consejo de la Juventud, el lobi de mujeres y los trabajadores sociales, impulsores de la plataforma de más de 150 organizaciones ciudadanas, han lanzado el mesaje al Gobierno: "Basta ya de medidas injustas e ineficaces" que suponen un "camino de perdición" que solo consiguen "la ruina del Estado de bienestar".

La jornada de hoy "no es el final de nada ", ha dicho el secretario general de UGT, Cándido Méndez, sino el primer paso para lograr que el Gobierno convoque un referendo ya que tiene la "obligación moral y democrática de consultar a su pueblo". Este referendo es "una cláusula de salvaguardia democrática".

La posibilidad de que el proceso de protestas concluya en una huelga general no es algo que los convocates ni los líderes de los sindicatos mayoritarios tengan claro a corto plazo. "La llave de la huelga general la tiene el presidente del Gobierno", ha dicho Ignacio Fernández Toxo (CCOO). En su opinión, la situación actual es la expresión de la "rebelión de las élites económicas que para salir de la crisis arruinan al Estado de bienestar".

Miguel Borra, secretario general de CSIF, ha cargado contra los recortes salariales y laborales a los empleados públicos que convierten a la administración en la "caja de ahorros de la que echa mano el Gobierno cuando no tiene dinero".

Ricardo Ibarra, presidente del Consejo de la Juventud, ha denunciado que mientras se recorta en ayudas a los jovenes o se aumentan las tasas universitarias, sigue el fraude fiscal.