El Gobierno estrenará mañana «los viernes sociales» con un paquete de decretos que aprobará con cuentagotas en los sucesivos Consejos de Ministros hasta las elecciones del 28 de abril, al ritmo que vaya atando los apoyos necesarios para que estas medidas sean convalidadas por los grupos en el Congreso. La fórmula ha recibido fuertes críticas de la oposición, que acusa a Pedro Sánchez de hacer la campaña del 28-A desde la Moncloa, pero permitirá al Ejecutivo salvar algunas iniciativas relevantes de la legislatura. Cabe decir que en su versión descafeinada.

Es el caso del denominado decreto de vivienda, que el Ejecutivo prevé aprobar mañana. Incluye medidas para favorecer los alquileres pero no resuelve el problema fundamental: el precio. Finalmente, no se establecerá un límite a la tarifa mensual que cobran los propietarios a sus inquilinos. Aunque se menciona la creación de un índice de precios de referencia, el decreto no otorga a las autonomías potestad para limitar el precio -requeriría reformar la ley de arrendamientos rrbanos (LAU)- de modo que esa suerte de guía no es vinculante.

Para Unidos Podemos, el decreto está muy lejos de ser la solución ideal, pero aboga por apoyarlo porque cree que se han introducido mejoras desde que, el 23 de enero, el Congreso tumbara el intento del Gobierno de aprobarlo. En cuanto a los precios, no se logra poner un tope, pero sí se vincula el índice de referencia al aumento del IPC.

El nuevo documento también establece que, en caso de desahucio, los juzgados deberán dar aviso a los servicios sociales y se obligará a fijar la fecha y hora exacta del desalojo. El preaviso de no renovación del contrato de alquiler pasa de un mes de plazo a cuatro.

Medidas sobre vivienda, para fomentar la igualdad y una oferta de unos 30.000 empleos públicos son también candidatas a ser validadas por el Consejo de Ministros de mañana. También las ayudas para desempleados mayores de 52 años.