La Junta Electoral Central (JEC) activó este jueves todas las medidas que podía tomar frente a Quim Torra en el conflicto por la presencia de lazos amarillos en edificios de la Generalitat. Por un lado, el organismo encargado de velar por los comicios ha trasladado el caso a la Fiscalía, por si el ‘president’ hubiera incurrido en responsabilidades penales, como un delito de desobediencia, lo que podría acarrearle inhabilitación para cargo público. Por otro, ha abierto a Torra un expediente por infracción electoral, que conlleva una sanción de hasta 3.000 euros. Y por último, da a la 'conselleria' de Interior un plazo que vencerá este viernes a las 15.00 horas para que ordene a los Mossos d'Esquadra que retiren los lazos amarillos o blancos, pancartas y símbolos "partidistas" que encuentre exhibidos, y advierte de que si no cumple la resolución, podría haber responsabilidades penales.

La resolución de la JEC viene después de que Torra incumpliera los dos plazos (uno de 48 horas y otro de 24) que el organismo le había dado para retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat, al considerarse símbolos partidistas, incompatibles con un periodo electoral como este.

El 'president' intentó ganar tiempo primero pidiendo al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, un informe sobre esta situación. Cuando Ribó le recomendó el miércoles que los retirara, reiterando lo que ya había trasladado al Govern el viernes de la semana pasada, Torra anunció que lo haría. Este jueves, sin embargo, optó por alargar el conflicto, tapando el lazo amarillo de la fachada del Palau de la Generalitat con otra pancarta que dice "Libertad presos políticos" y un nuevo lazo, esta vez de color blanco con una franja roja. Varias 'conselleries' llevaron a cabo acciones similares. Después, el 'president' envió a la JEC un escrito de alegaciones en el que reclama cerrar el procedimiento administrativo abierto porque ya no hay " ni 'estelades' ni lazos amarillos" en los inmuebles de la Generalitat.

Ante este nuevo giro del pulso por los símbolos, la JEC pidió a la Delegación del Gobierno en Cataluña que le enviara fotografías sobre "el grado de cumplimiento del acuerdo de retirada de lazos amarillos y banderas 'estelades'", según fuentes de la Moncloa. Ya con este material, el organismo ha vuelto a resolver, en el último capítulo de esta historia, que comenzó a raíz de una denuncia de Cs, apoyada por el PP y el PSOE.

UNA CONTROVERSIA INCÓMODA

La polémica provoca cierta incomodidad en los socialistas, que temen las consecuencias que puede tener en las generales del 28 de abril, reforzando al independentismo y a las derechas. El PSOE y el Gobierno habían sido hasta ahora muy prudentes en sus declaraciones, pero este jueves, tras el movimiento de Torra, cambiaron de actitud. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que el el "desafío a las instituciones" del 'president' era "de vergüenza ajena". Desde el PSOE, su secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, Rafael Simancas, señaló: "Esperamos que la Junta Electoral actúe con total contundencia. Ya está bien de tomaduras de pelo". Desde Bruselas, donde participa en el Consejo Europeo, Pedro Sánchez se limitó a explicar que "el Gobierno estará a lo que pida la Junta Electoral, con serenidad, pero también con mucha determinación".

El líder del PP, Pablo Casado, mientras tanto, exigió al presidente una "reacción a la altura", después de haberse "dejado engañar" por Torra, a quien llamó "trilero". Pero el Gobierno, aunque podría instar por sí mismo a la Fiscalía para que actúe, defiende que debe ser la JEC quien resuelva los asuntos de este tipo a las puertas de las generales.