«Nos hace falta política, mucha política, políticas públicas, huir de la tentación de llevar la política al Código Penal» exclamaba ayer el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Se le entendió todo. Unas horas antes, en el Parlamento catalán, comuns y PSC le pedían al president, Quim Torra, que gobierne de una vez y afronte retos como el ecológico o que se someta a una cuestión de confianza. Y eso era antes de saberse que el Govern tergiversó el papel del Síndic en la polémica de los lazos amarillos para mantener viva la controversia y negarse de entrada a ejecutar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirada de lazos y estelades de los edificios públicos para garantizar la neutralidad en campaña electoral.

Una polémica que con toda probabilidad acabará con una decisión que más de uno en el Govern reclamaba a Torra desde la semana pasada: obedeciendo. De forma imaginativa, probablemente. Pero obedeciendo. Eso sí, mientras tanto, y según fuentes consultadas, se trataba de «jugar las armas» de las que se disponía y mostrar que mientras la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, retiraba de inmediato el lazo, Torra se resistía. «Se trata de evitar aparecer ante los hiperventilados como un Govern que se baja los pantalones, sin por ello llegar a jugarse una inhabilitación» -en palabras de un miembro del Govern- o «jugar al gato y al ratón en el filo de la navaja», según otro miembro del Consejo Ejecutivo consultado al respeto. Un tercer miembro del Govern consultado admitía ayer en el Parlament: «Se trata de ir por fases, en la primera mantienes el pulso, la segunda consiste en dar una respuesta imaginativa». Existen ejemplos no lejanos de alcaldes independentistas alegando que no podían colocar la bandera española porque el edificio estaba en obras. Es decir, que se puede hablar de imaginación o directamente de burla o de intento de trolear las decisiones.

Una respuesta que podía consistir en mantener la pancarta del Palau salvo la parte con el lazo amarillo. Mil opciones. Pero no. Torra había decidido que no quería ceder a las primeras de cambio. «No hacemos como Ada Colau, que enseguida retira el lazo», apuntan en el entorno. Mientras, ERC se lo miraba todo con una distancia discreta. Sin exhibir discrepancia pero sin compartir en absoluto que esta polémica simbólica -que ha alimentado estos días sin duda y por igual al discurso del soberanismo más radical y la contundencia unionista de Ciutadans, en plena precampaña-, los republicanos han mantenido silencio. De cara al público, se aseguraba que no había discrepancia.

Ribo rompe la baraja / La estrategia corría, pues, a cargo de Torra en solitario. Y hasta ayer se aguantaba en pie porque la Junta Electoral no había tomado una decisión. Pero compareció el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, anunciando no sólo que recomienda cumplir con la resolución de la Junta Electoral Central y quitar los lazos amarillos y estelades de los edificios públicos en período electoral para garantizar la neutralidad institucional, sino que ya hizo llegar esta recomendación por escrito el pasado viernes a Torra.

A la espera de saber cuando se quitan los lazos, la polémica sirvió a Torra para mantener el enésimo enfrentamiento dialéctico con Inés Arrimadas. Y para evidenciar lo que en el Palau se asume: que una vez más, probablemente, no habrá desobediencia sino que se juega al límite por parte de un president que intenta marcar perfil propio entre los suyos. No hubo desobediencia de los altos cargos cuando se aplicó el 155. No la hubo cuando el Tribunal Constitucional (TC) decidió que no se podía investir al expresident Puigdemont a distancia ni nombrar a los consellers procesados.