El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dejó ayer al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un paso del banquillo por desobediencia. El juez rechazó el archivo de la causa abierta por incumplimiento de la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar en periodo electoral los lazos amarillos y otros símbolos independentistas de los edificios públicos.
En un auto, el magistrado del TSJC Carlos Ramos, instructor de la causa abierta a raíz de una querella de la fiscalía, concluye que el president pudo cometer un delito de desobediencia o, alternativamente, denegación de auxilio. Y da 10 días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o solicitando el archivo de la causa.
En su escrito, que se puede recurrir, el juez rechaza la petición de Torra de archivar el caso, por considerar que la posibilidad de cumplir los mandatos de la JEC estaba «perfectamente» a su alcance y, pese a ello, optó por «persistir en la desobediencia» por su «clara voluntad obstativa a su cumplimiento».
El magistrado resalta que los lazos amarillos, las estelades y las pancartas que piden la libertad de los políticos presos representan «los anhelos de independencia de Cataluña y su constitución en forma de república». Estos identifican en estos momentos, «legítimamente», añade, a unos determinados partidos y parte de la ciudadanía, frente a otras fuerzas y ciudadanos contrarios «con idéntico afán y no menos legitimidad».
Esos símbolos, apunta el juez, pueden ser «legítimamente utilizados» por las formaciones políticas que lo deseen en su propaganda electoral, «pero no pueden ser exhibidos por las administraciones y por los poderes públicos sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad, al menos no durante los periodos electorales».
El delito de desobediencia, señala el magistrado, podría acarrear la inhabilitación para cargo público. El de denegación de auxilio castiga con suspensión de empleo o cargo público por entre dos y tres años a la autoridad pública que, siendo requerida, no preste auxilio a la administración de justicia u otro servicio público.
Ciudadanos aprovechó la decisión judicial para reclamar al Gobierno que requiera a Torra acatar la Constitución. Y que, si no lo hace, «antes de que ocurran cosas peores», afirmó el líder naranja en el Parlament, Carlos Carrizosa, aplique el artículo 155 de la Constitución.
Por otra parte, el Gobierno recurrirá ante el TSJC la apertura de las nuevas delegaciones de la Generalitat en México, Argentina y Túnez. Considera que son un «instrumento fundamental» para promover las tesis del secesionismo y «denigrar» la imagen internacional de España. Además, el Ejecutivo ha instruido a la Abogacía del Estado para que solicite medidas cautelares.
