La Memoria de la Fiscalía relativa al año 2018 arremete contra el «deficiente» sistema de las euroórdenes de detención por considerar que tiene «debilidades» que urge reformar a la vista de las decisiones de los tribunales belgas y alemanes, los cuales, según el ministerio público, se excedieron de sus competencias al denegar la entrega a España de Carles Puigdemont y otros líderes del procés huidos de la justicia española.

Entiende la fiscalía que estos estados efectuaron «tareas de valoración» sobre el grado o intensidad de algunos elementos del tipo penal que, a su juicio, «exceden abiertamente» las funciones encomendadas por la normativa de las euroórdenes a los tribunales de los estados miembros. Tal fue el caso del tribunal alemán que entró a «valorar la voluntad» de Puigdemont «sin fundamento en la práctica de prueba alguna», lo que llevó a «un verdadero enjuiciamiento del fondo».

Por este motivo, el ministerio fiscal lanza una severa advertencia: «Conviene reafirmar que la normativa sobre cooperación internacional descansa en el principio de confianza mutua. Y que esta confianza puede quebrarse cuando no se respetan los respectivos ámbitos competenciales». En la misma línea, la fiscalía admite que tiene una «sensación agridulce» porque, si bien ha habido «sintonía» con los fiscales de otros países de la Unión Europea a la hora de abordar el procés, «no se ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales».

Cabe recordar que una sentencia condenatoria a los líderes del 1-O por parte del Tribunal Supremo reforzaría las posibilidades de reactivar la euroorden contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Se trataría en esta ocasión de una petición apoyada ya por una sentencia dictada por la cúspide del ordenamiento jurídico español. La decisión final será no obstante del juez Pablo Llarena, él único que puede decidir.