Apenas una hora necesitó la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo para dar el visto bueno definitivo a la exhumación de Francisco Franco. Pasó tan rápido que los seis magistrados que la forman no tuvieron tiempo de oír al medio centenar de personas que en ese momento se concentraban ante la puerta principal del edificio para llamarles «herederos del Tribunal de Orden Público» franquista, independientemente de la decisión que acababan de adoptar.

Los jueces rechazaron por unanimidad el recurso presentado por los nietos del dictador contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de modificar la Ley de Memoria Histórica para poder sacar sus restos del Valle de los Caídos.

Jorge Rodríguez Zapata (presidente de la Sección Cuarta), Segundo Menéndez, Pilar Teso, Celsa Pico, José Luis Requero y Pablo Lucas -que redactará la sentencia que argumenta la decisión- entendieron que prevalece el interés general alegado por el Ejecutivo frente al derecho de la familia a decidir dónde deben ser enterrados los restos de su antecesor.

LA OPCIÓN CONFLICTIVA / Eso significa que ya no podrá ser trasladado -como pretendía la familia si no podía frenar la exhumación- al panteón de la cripta de la catedral de La Almudena, adquirido en 1987 por la hija del dictador, Carmen Franco. Una opción más conflictiva, incluso, que el hecho de que permaneciera en la Basílica de Cuelgamuros, puesto que el templo se encuentra en pleno centro de Madrid, junto a la plaza de Oriente, un lugar emblemático para el franquismo, porque desde los balcones del Palacio Real pronunciaba el general golpista sus discursos durante los 40 años de dictadura.

Por eso el Gobierno de Sánchez se vio obligado a dictar un segundo decreto para dar una fecha límite a la exhumación, el 10 de junio, y para acordar que debía ser trasladado al cementerio de Mingorrubio, en el distrito madrileño de El Pardo, donde reposa su esposa, Carmen Polo, y situado junto al palacio que fue su residencia oficial en su mandato.

El Ejecutivo incumplió su compromiso, porque el Supremo dejó en suspenso la exhumación hasta adoptar la decisión definitiva. La familia Franco a través de su abogado, Luis Felipe Utrera, anunció que llevará «la batalla hasta el final con todas las armas» previstas en la ley, como recurrir en amparo la sentencia y pedir al Constitucional que suspenda la exhumación, mientras resuelve la impugnación.

Fuentes jurídicas señalaron a este diario que, aunque esta suspensión sea posible, no la ven probable porque se trata de una sentencia unánime de seis magistrados del Tribunal Supremo; uno de ellos, el presidente de la Sección Cuarta, también lo fue del Constitucional. No obstante, habrá que conocer la sentencia en su totalidad para poder aventurar el futuro de la iniciativa.

E incluso para determinar el retraso que puede suponer para la exhumación la decisión de un juez de Madrid de suspender cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial -en cuyo término municipal está el Valle de los Caídos- que avalaba la retirada de la losa que cubre la sepultura de Franco, como había pedido el Ministerio de Justicia.

La sentencia servirá de pauta para resolver los recursos presentados contra la exhumación por la Fundación Francisco Franco, la Comunidad Benedictina de la Basílica de Cuelgamuros y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Y hasta quizá para otro futuro, la denuncia anunciada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, contra el Estado, si Franco vuelve a ser inhumado en suelo público. El cementerio de Mingorrubio es propiedad de Patrimonio Nacional.