El presidente del PP, Pablo Casado, aconsejó ayer al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que estudiara el traslado de los presos del 1-O a otras cárceles fuera de Cataluña para evitar cualquier decisión en su favor que pueda tomar Quim Torra. «El Estado debe ir siempre un paso por delante», afirmó ante empresarios y un numeroso grupo de diplomáticos de todo el mundo en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid. Sin embargo, esa opción que plantea Casado es imposible con las leyes actuales.

El marco normativo solo incluye la posibilidad de alejar a los encarcelados de sus zonas de arraigo si son miembros de grupos terroristas o de bandas de crimen organizado. Durante décadas se le ha aplicado a los etarras. Fuentes jurídicas aseguran que ni el régimen penitenciario actual ni tampoco la ley orgánica general penitenciaria (LOGP) amparan esa medida, ya que los dirigentes del 1-O están condenados por sedición.

Esas fuentes señalan que, si se diera ese paso, los afectados tendrían ganado el recurso y podría considerarse prevaricación. En la actualidad, recuerdan esas fuentes jurídicas, a veces algunos afectados son alejados de sus entornos porque no hay plazas en su comunidad, pero son casos contados. Así las cosas, la propuesta de Casado, lanzada en precampaña, acaba en vía muerta. Otra cosa son los beneficios penitenciarios decididos por las instituciones catalanas, que la fiscalía puede recurrir. La administración de las cárceles está transferida a la Generalitat desde los 80.

El líder del PP soltó su idea cuando el moderador del acto sacó a colación una información de El Mundo que señala que Torra ha anunciado a los dirigentes encarcelados que, tras las elecciones del 10-N, «iniciará los trámites necesarios para que puedan salir a la calle». «Si hoy se confirma la información de El Mundo a lo mejor el Gobierno tiene que solicitar el traslado a otra cárcel de los presos del procés», exclamó.

EL REQUERIMIENTO DEL 155 / Casado lleva días reclamando la necesidad de recuperar esa competencia y asegura que lo hará si llega a la Moncloa. También Albert Rivera, líder de Ciudadanos, considera que hay que hacerlo para que los condenados por sedición «no puedan salir hasta el último día de condena como cualquier ciudadano español», porque, según él, Torra «los va a soltar», les va a abrir las cárceles «con la llave de la Generalitat».

El presidente del PP afeó al presidente en funciones Pedro Sánchez que hubiera mandado una carta a Torra en vez de un requerimiento para pedirle que cumpla con «sus obligaciones constitucionales». Ese requerimiento es el primer paso obligado antes de aplicar el 155.

Tras esa intervención en Madrid, Casado se fue al aeropuerto para coger un avión hacia Barcelona, tal como había anunciado la víspera.

Allí coincidió unas horas con Sánchez, que acudió a la ciudad después de hacerlo público por la mañana, con la esperanza de evitar las protestas. El líder conservador quiso entrar en la jefatura de Policía en Via Laietana, para dar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante los altercados violentos, pero no pudo. El Partido Popular responsabilizó a la Delegación del Gobierno en Cataluña de cambiar de criterio e impedírselo. Sánchez la había visitado horas antes. Rivera también entró en una jefatura de Policía, en este caso la de Toledo y a título personal y sin cámaras, para mostrar su apoyo a ese colectivo.

Pablo Casado se reunió durante varias horas con empresarios y comerciantes afectados por los disturbios y acabó la jornada presidiendo la junta directiva del PPC.