El Gobierno mira a Quim Torra ante el eventual rebrote de violencia que pueden vivir las calles catalanas en un fin de semana que se prevé convulso y le lanza una enésima advertencia. Si no tiene capacidad para asegurar el orden público estos días, el Ejecutivo tendrá que actuar y lo hará desde la «templanza». El cerco al presidente catalán se estrecha con cada nuevo aviso. El último, y más categórico, lo lanzó directamente Pedro Sánchez ayer, a las puertas de unas manifestaciones que, apuntan las investigaciones, pueden sumir a Barcelona en más noches de disturbios a un puñado de días de las elecciones generales.
Sánchez viene evitando desvelar si las investigaciones apuntan a una dirección política tras los radicales, pero repite en cada intervención que Torra no acaba de condenar tajantemente la violencia. Hasta ahora, solo señalaba los riesgos a los que se enfrentan los diputados del Parlament si aprueban una resolución con asuntos ya rechazados por el Tribunal Constitucional. Ayer, fue más allá y consideró al jefe del Govern máximo responsable de imponer el orden en las calles. «No vamos a permitir que se quiebre la convivencia ni que se ponga en solfa la seguridad. Si eso no lo puede garantizar el president de la Generalitat entonces responderemos, de forma proporcional», advirtió desde una entrevista en la Sexta.
DESCOLGAR EL TELÉFONO / Y no. No tiene el presidente en funciones la intención de coger el teléfono a Quim Torra aunque persista en múltiples llamadas. Alega que antes, el dirigente independentista debería condenar sin excusas la violencia, hablar con los responsables del resto de partidos catalanes y llamar a las familias de los agentes heridos para mostrarles su apoyo por «haber defendido a la sociedad catalana de un ataque violento».
La respuesta de Torra a lo que pueda suceder este fin de semana va a ser determinante. La información que maneja el Gobierno apunta a que hay grupos radicales que tienen planeado alargar el clima de convulsión en Cataluña y todas las miradas están puestas en la actuación del presidente catalán.
«Tenemos información de que hay grupos violentos que quieren cronificar esta crisis», confirmó Sánchez. No vinculó a Torra con estos grupos pero sí señaló que su mano está detrás de algunos desplantes, como, desveló durante la entrevista, que el cuadro directivo del Hospital Sant Pau de Barcelona no le recibiese el pasado lunes, cuando fue a visitar a un agente herido y salió abucheado.
«Sentí vergüenza, sentí tristeza. Que unos funcionarios públicos no fueran capaces ni de recibir al presidente del Gobierno con las condiciones y el respeto debidos. Imagino que habrán tenido órdenes de la Generalitat para no ser recibido», sostuvo. Volvió a abogar por que los presos cumplan las penas íntegramente y descartó la amnistía. «Es inconstitucional, ilegal, no tiene cabida».
Sánchez condenó asimismo que los agentes hospitalizados no hayan recibido una llamada de Torra agradeciéndoles su defensa «de las libertades de los catalanes frente a los violentos», porque, subrayó, los disturbios «no fueron unos enfrentamientos entre policías y manifestantes violentos, sino un ataque de los violentos a la sociedad catalana».
A dos semanas de las generales, con el Partido Popular reduciendo las distancias a un PSOE que las últimas encuestas dibujan estancado o a la baja, Pedro Sánchez sigue apostando por la abstención de la derecha como fórmula de desbloqueo.
