La Fiscalía General del Estado ha sido al final la primera en dar un paso para actuar penalmente contra el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa de la Cámara catalana, por la tramitación de mociones y resoluciones suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional por ser sospechosas de inconstitucionalidad. Para ello ha instado a la Fiscalía catalana a abrir diligencias de investigación a fin de valorar "la posible trascendencia penal de tales decisiones".
La gota que ha colmado el vaso ha sido la decisión del pleno del Parlamento catalán de adelantar su hora y alterar el orden del día para poder votar una moción de la CUP a favor de la autodeterminación y de reprobación del Rey. Con ese adelanto pretendían evitar la previsible suspensión cautelar por parte del Constitucional, que también tenía previsto reunirse este martes.
Pese a que el tribunal ha adelantado la hora de su reunión a las 9.30 y ha procedido a suspender la tramitación de la moción antes de su votación, que se ha producido entorno a las 10 horas, la notificación de su resolución ha llegado después a la Cámara. En cualquier caso, fuentes jurídicas han señalado a el periódico que los efectos de esa suspensión de la tramitación se extienden también al resultado de la votación, por lo que este queda invalidado.
