El juzgado de instrucción 6 de Sevilla atendió ayer la petición de la fiscalía y abrió diligencias para investigar la concesión en 1999 por parte de la Junta de Andalucía de un préstamo de 5,8 millones de euros a una empresa cárnica de Jaén. La Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación por prevaricación administrativa y malversación del expresidente andaluz Manuel Chaves -condenado a nueve años de inhabilitación por el caso ERE- y otros nueve exaltos cargos de su Gobierno, entre los cuales figuran cinco exconsejeros.

El juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana atiende así la solicitud de Anticorrupción, que entiende que «nunca hubo voluntad» de recuperar parte de la ayuda otorgada a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), más tarde conocida como Primayor. La operación causó un menoscabo de los fondos públicos de unos 3,7 millones. La ayuda fue concedida hace dos décadas bajo la fórmula de préstamo puente o anticipo hasta la llegada de subvenciones, y fue considerada el origen del sistema de los ERE fraudulentos, dado que los reparos que recibió el Ejecutivo socialista para conceder estos fondos llevó a buscar una fórmula con menores controles administrativos.

El juez investigará, además de a Chaves, a los exconsejeros Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo. También al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el expresidente del IFA Salvador Durbán, y el exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano. La nueva pieza separada de la macrocausa de los ERE alcanza también a cinco directivos de la compañía cárnica.

EL DINERO RECUPERADO / La Junta explicó ayer que hasta el momento solo ha podido recuperar 15 millones de las ayudas de los ERE fraudulentos. Otros 25 millones se dan ya por perdidos, dado que el tiempo transcurrido desde su concesión ha provocado la prescripción o la extinción de las sociedades beneficiarias a las que reclamar.

No obstante, teme que la cantidad irrecuperable sea mayor, puesto que en el limbo queda una partida de expedientes sobre los que los tribunales aún no se han pronunciado o que están en distintas fases de reclamación, y que rondarían el centenar de millones de euros.