Pedro Sánchez y Pablo Casado siguen cavando en sus respectivas trincheras, alejados de un entendimiento que es imprescindible para desbloquear las grandes reformas pendientes, pero que se antoja imposible por lo menos hasta que las elecciones gallegas y vascas, del 5 de abril, puedan abrir un horizonte distinto. Hasta entonces, las expectativas de llegar a acuerdos son inexistentes. Lo que suceda después lo definirán en buena medida los resultados de los comicios. En el mientras tanto solo hay reproches mutuos y bloqueo. La hora y media de conversación que mantuvieron ambos dirigentes ayer en la Moncloa sirvió para constatar que no hay opciones de encuentro. El líder del PP ofreció al presidente su apoyo a cambio de que el Gobierno asuma las políticas de los conservadores. Es decir, adiós al diálogo con Cataluña, adiós a las subidas de impuestos y mantener la reforma laboral. Esa enmienda a la totalidad sirvió al Ejecutivo para lamentar que los conservadores se encierren en el «negacionismo» y para acusarles de usar los órganos constitucionales pendientes de renovar como «rehenes» políticos.

PENDIENTES DE ABRIL / A nadie se le escapa que el encuentro llegaba con unas expectativas de éxito bajo mínimos. Sánchez convocó a Casado cuatro días después de que el lendakari, Íñigo Urkullu (PNV), y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP), adelantasen los comicios autonómicos para abril, lo que prefiguraba un clima más de confrontación que de entendimiento.

Y así fue. Unos 45 minutos después de que acabara la reunión y cuando los periodistas seguían esperando la rueda de prensa de Casado, el Gobierno distribuyó un comunicado en el que acusaba al PP de instalarse en el bloqueo. Cuando el conservador salió trató de desmontar ese argumento. Alegó que su partido está dispuesto a llegar a grandes acuerdos, pero los condicionó a que Sánchez rompa la mesa de diálogo con Cataluña, «inhabilite» a Quim Torra, no modifique el delito de sedición, no nombre a Dolores Delgado fiscala general y asuma las líneas económicas del PP: mantenga la reforma laboral y no aumente la presión fiscal. Al Gobierno que preside Pedro Sánchez le pareció un despropósito solo capaz de alguien que no asume que perdió las elecciones.

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES / Casado sostiene que el socialista se ha «radicalizado» al apoyarse en ERC y Bildu para la investidura y, ahora, sigue ahí instalado para garantizarse unos Presupuestos que le permitirían, subrayó, seguir por lo menos «tres años» en la Moncloa. Aseguró que, si el presidente vuelve a la «moderación y la centralidad», encontrará a un Partido Popular dispuesto a colaborar. «No puedo limitarme a la crítica y quedarme de brazos cruzados durante unos meses o varios años», planteó Casado, tratando de resaltar su mano tendida.

Para el Gobierno, el dirigente popular no está siendo generoso ni ofrece soluciones, sino que se encierra en el bloqueo y usa como «rehenes» a los órganos constitucionales pendientes de renovación: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y Radio Televisión Española (RTVE), entre otros. Para actualizar estos organismos es necesario obtener una mayoría de dos tercios en el Congreso (210 votos), es decir, que Sánchez está obligado a negociar con el PP, porque no hay otra alternativa, ya que Ciudadanos y Vox no lo harán. Lo mismo sucede para la reforma de las pensiones o el modelo de financiación autonómica.

El Ejecutivo no explicó cómo van a acometerse todas estas reformas después del naufragio de la reunión ni se mostró dispuesto a cambiar su política con Cataluña a cambio del apoyo del PP. Al contrario. La portavoz gubernamental y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reafirmó el compromiso con la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. «Casado no tiene ninguna solución para Cataluña», se quejó.