El Pleno del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa con medidas urgentes dirigidas al sector frutícola, defendida por ERC y finalmente pactada con otras formaciones, en la que se reclama también al Gobierno una reforma de la Ley de cadena alimentaria para garantizar el cobro de los costes de producción de los productos agroalimentarios.
La iniciativa tiene su origen en una moción registrada por Esquerra Republicana, consecuencia de la interpelación dirigida por esta formación al ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, y ha sido finalmente pactada en una enmienda transaccional con PSOE, Ciudadanos, Junts, Compromís y Teruel Existe.
Según el texto aprobado, al que ha tenido acceso Europa Press, la Cámara Baja reclama al Gobierno a presentar "en unas semanas" un borrador para esta reforma "que contribuya a paliar la situación de desequilibrio en el poder de negociación de los eslabones de la cadena alimentaria".
El Congreso exige que esta reforma "refuerce la posición de los productores y asegure una distribución más justa del valor a lo largo de la cadena, garantizando el cobro de los costes de producción de los productos agroalimentarios".
UN PLAN PARA "ADECUAR OFERTA Y DEMANDA" DE MELOCOTÓN Y MANDARINA
La iniciativa aprobada también llama al Gobierno a presentar en un plazo de 3-4 meses "capaz de adecuar la oferta y la demanda de melocotón y nectarina, con el fin de tratar de reequilibrar la producción", y a combatir la morosidad en las transacciones comerciales del sector y las "prácticas comerciales orientadas a retrasar durante varios meses el pago de los productos frutícolas al productor".
Asimismo, reclama reforzar los controles de importación a las frutas y hortalizas procedentes de países terceros, a activar la trasposición de la directiva europea de prácticas comerciales desleales para poner fin a la deficiente regulación de los contratos de depósito, fuentes de abusos y prácticas desleales hacia los productores.
Por último, la iniciativa aprobada por la Cámara Baja ha pedido el establecimiento de "un sistema transparente, estadístico y obligatorio, de información comercial, que supervise los precios en origen en el sector frutícola, para poder exigir, en caso de crisis de precios, la actuación de la Comisión Europea, estableciendo medidas extraordinarias, tal como prevé la Organización Común de Mercados de productos agrarios (OCM).
APORTACIONES DE TERUEL EXISTE
La Agrupación de electores Teruel Existe ha explicado en una nota de prensa que sus dos enmiendas de modificación y adicción aparecen parcialmente reflejadas en la enmienda transaccional que firmaron al terminar la sesión los grupos ERC, Compromís, PSOE, JxCat, Ciudadanos y Teruel Existe, y que se aprobó por unanimidad en el Congreso.
En este documento final se recogen "dos puntos clave" para Teruel Existe, la reforma de la ley de cadena alimentaria para prevenir y corregir las situaciones de abuso en los precios que sufren los fruticultores y aplicar estrictamente la normativa comunitaria en materia de seguridad alimentaria, productos fitosanitarios, residuos y de control de plagas, para los productos que entran en la Unión Europea.
El diputado de la agrupación, Tomás Guitarte, ha considerado que el texto final "conecta con la realidad de la calle que estamos viendo estos días y que es muy intensa en cuanto a reclamaciones de los agricultores y también conecta con la difícil situación de miles de fruticultores, muchos de ellos habitantes de la España vaciada".
El diputado turolense ha sostenido que los agricultores son "víctimas de un mercado injusto" y ha dicho que el precio que un kilo de melocotón tenía hace cuarenta años en las provincias de Teruel y Zaragoza, que equivaldría a unos veinte céntimos actuales, "es el mismo precio que han recibido en el 2019", cuando "los costes de producción se han multiplicado por más de diez" por lo que la situación es "insostenible".
Teruel Existe ha detallado que la modificación que proponía era sustituir los planes iniciales de arranque de árboles frutales por una estrategia de modernización de las pequeñas y medianas explotaciones del sector frutícola con el objetivo de establecer un diagnóstico que identifique las causas de la falta de rentabilidad que experimentan. También pedía la reforma de ley de la cadena alimenticia.
En la segunda enmienda de carácter adicional, además de aplicar a los productos foráneos la normativa comunitaria en materia de seguridad alimentaria que ya se incluye en la enmienda transaccional a la moción, la agrupación de electores proponía que los productos frutícolas importados de terceros países cumpliesen los mismos estándares de calidad y sanidad que se exigen en la Unión Europea.
