El Gobierno se resistió hasta el pasado sábado a decretar el parón de todo el sistema productivo, más allá de los sectores considerados esenciales. Algunas autonomías y buena parte de los grupos de la oposición se lo reclamaban. Incluso Podemos, socio del PSOE en el Ejecutivo, empezó a defenderlo la semana pasada. Cuando la Moncloa tomó la decisión, anunciada por Pedro Sánchez, se esforzó en negar que esta tuviese que ver con una evolución de los datos de contagio por el coronavirus peor de la esperada. Pero este lunes, el titular de Transportes, José Luis Ábalos, ha señalado que este es el motivo detrás de la "hibernación" económica.

"¿Hubo cambio de opinión por los datos?", le han preguntado a Ábalos en TVE. "Sí", ha contestado el ministro, que ha defendido que el Gobierno siempre ha intentado "equilibrar" el combate contra el covid-19 con el sostenimiento, hasta donde fuera posible, de la actividad económica. "Tenemos que asumir cuáles son los datos sanitarios. Esto hace que tengamos que tomar las medidas actuales. Ha sido una respuesta exacta a la situación sanitaria y hospitalaria de este país", ha continuado Ábalos.

Según la información que difundió el domingo Sanidad, el coronavirus ha dejado 80.110 casos de contagio en España y la muerte de 6.803 personas. Sin embargo, en un motivo para la esperanza, los datos de nuevos casos llevan días descendiendo respecto a los de jornadas anteriores, algo que hace pensar a las autoridades, dentro de la cautela, que España puede haber pasado el pico de la epidemia.

El pasado domingo, tras el Consejo de Ministros que decretó el parón económico, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, admitió que la detención del sistema productivo pretendía ganar tiempo y no saturar aún más las uci de los hospitales, pero rechazó que la medida fuera consecuencia de una evolución de los contagios peor de la esperada. "No ha habido ninguna situación de alarma añadida que hayan planteado los expertos", señaló desde la Moncloa.

Las críticas

La decisión de parar toda la actividad salvo la considerada esencial, que provocará la pérdida de 49.000 millones de euros en un mes (el 2% del producto interior bruto de todo el año), provocó las críticas generalizadas de la oposición, de las autonomías y de los empresarios, bien porque supuestamente llega tarde, bien porque no tiene en cuenta las singularidades de cada territorio, bien por las consecuencias económicas que traerá consigo. Hasta el último momento, el Gobierno estuvo delimitando qué actividades debían parar y cuáles no. El real decreto se emitió al filo de la medianoche. A escasos minutos de su entrada en vigor, no se sabía qué empleados debían acudir o dejar de acudir a su centro de trabajo.

Cuando se publicó, la norma introdujo una sorpresa. Ante las dificultades de parar abruptamente algunas actividades, el Gobierno incluyó una moratoria en el último momento. "En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial", establece la norma.

Ábalos ha negado que el retraso en la publicación y la moratoria introducida, sobre la que el Gobierno no había dicho nada cuando anunció la decisión de parar la actividad económica, tuviese que ver con el debate en el seno del Ejecutivo, que desde que se decretó el confinamiento ha emitido síntomas de división, con los ministros de Podemos siendo partidarios de tomar medidas sociales de mayor calado que los del PSOE.

"En otros temas le podría admitir que hay debate. En este, ninguno. No solo en la toma de la decisión, también en todos los demás extremos. Lo que hubo es mucho trabajo, porque cesar prácticamente toda la actividad exige un trabajo técnico. No había una preparación previa de los técnicos como ocurre otras veces. Un real decreto de esta naturaleza, con su complejidad, es lo que ocupó el tiempo. Pero no hubo ninguna controversia", ha argumentado el ministro.