Que Dolores Delgado pasara de ser ministra de Justicia a fiscal general del Estado afecta tan directamente a la imagen de autonomía e independencia del ministerio público que solo era cuestión de tiempo que alguien le pidiera que se apartara de algún asunto. Ha ocurrido en el primer caso concreto que se ha planteado. La Asociación de Fiscales (AF) le ha enviado una carta para reclamarle su abstención en las querellas y denuncias recibidas en el Tribunal Supremo en su mayoría contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus.
En la misiva la principal asociación de fiscales dice no abergar "ninguna duda" sobre "la obligatoria y necesaria abstención" de Delgado en relación con el medio centenar de denuncias y querellas interpuestas respecto a las que el Supremo ha recabado el parecer del ministerio público. "Está en juego la apariencia de imparcialidad del ministerio fiscal en asuntos de enorme trascendencia y de constante repercusión mediática", señala la asociación de tendencia conservadora.
Añade que esa abstención debe producirse nada más ser requerido el informe fiscal. Según el estatuto orgánico del ministerio fiscal, su sustituto será el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas. Será él a quien corresponda decidir los criterios de distribución de los trabajos que debe realizar el ministerio público y si es necesario su avocación a la Junta de Fiscales de Sala, criterio por el que apuestan varios miembros de la carrera fiscal en el Supremo ante la trascendencia de lo ocurrido con el coronavirus.
CONSULTAR A LA JUNTA
Precisa que esta Junta no solo debe ser oída cuando surge una discrepancia con un superior, sino también para asistir al fiscal general del Estado "en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitario de interpretación y actuación legal y cualesquiera otros de naturaleza análoga que el fiscal general estime procedente consultar".
La AF se suma de esta forma a la petición soterrada que en este sentido realizaban desde hace días algunos fiscales del propio Supremo al considerar imposible que una sola persona se encargue de realizar los 51 informes sobre las denuncias y querellas presentadas, por mucho que gran parte de ellas acabe acumulada en función de contra quién se dirige y por qué hechos concretos.
