El preacuerdo alcanzado entre ERC y la CUP para investir a Pere Aragonès como presidente de la Generalitat incluye dar dos años de plazo a la mesa de negociación Gobierno-Generalitat --el tiempo máximo que le queda a la legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez-- y concluyen que ese espacio "solo puede consistir en la autodeterminación y la amnistía".
"Desde la crítica y el escepticismo la CUP se compromete a dar un cierto margen de tiempo a la Mesa de Negociación y no basará su apoyo u oposición al Govern en función de su existencia", recoge el documento consultado por Europa Press que concreta que los 'cupaires' se mantendrán en una posición de oposición al PSOE y al Gobierno central.
ERC apuesta por ese diálogo y la resolución política en ese espacio, pero se compromete a "no dilatar la mesa innecesariamente y propone que sus trabajos se sometan a una rendición de cuentas que permita su evaluación y desarrollo"; una rendición que consideran que tiene que tener una parte pública y otra más discreta, que y debe realizarse en los espacios que quieren componer para desplegar la estrategia independentista.
Además de la evaluación continuada de la mesa, el preacuerdo contempla que durante la primera mitad de 2023 la Mesa de Negociación valorará su trabajos en caso de que sigan vigente, analizará si ha dado sus frutos y decidirá "cuáles son los pasos siguientes a seguir, incluida la eventual finalización de esta negociación".
Subrayan que el objetivo de la misma es "implementar y hacer efectivo el consenso al que se llegue en el espacio de consenso estratégico del independentismo"; en un documento que tanto ERC y la CUP someterán a sus órganos internos y que los republicanos trasladarán a Junts con quien quieren llegar a un acuerdo que sea acorde con lo pactado con los 'cupaires'. Banca pública "a corto plazo" y renta básica
En el preacuerdo la CUP y ERC también se han comprometido a implementar una banca pública catalana "a corto plazo" en esta legislatura a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y una renta básica universal para las franjas de edad más vulnerables.
En el marco del compromiso de crear una banca pública, ERC y la CUP trabajarán para situar el ICF como entidad de "referencia a la hora de facilitar al máximo el impacto económico, social y ambiental de los fondos europeos" de recuperación, que se han comprometido a estudiar conjuntamente una vez se constituya el nuevo Govern.
El documento incluye también el acuerdo de crear un "marco normativo que facilite la remunicipalización de los servicios públicos como el agua", además de la creación de una energética pública.
De esta forma, ERC y CUP trabajarán para situar bajo "control público" de la energía, incidir en el sector eléctrico, recuperar las centrales hidroeléctricas con la concesión caducada y definir un modelo de transición energética.
Consejería de Acción por el Clima
Además, ambas formaciones estudian crear una nueva Consejería de Acción por el Clima --una propuesta que los republicanos llevaban en su programa electoral--, que será la encargada de impulsar una ley de transición energética, otra de biodiversidad y un plan integral de protección del Delta del Ebro, entre otras iniciativas.
El plan piloto de renta básica universal se desplegará en tres fases, según el acuerdo: en una primera, en 2021, se llevará a cabo un estudio de las opciones de diseño de esta medida para "alguna o algunas franjas de edad" y de qué modificaciones se requieren para aplicarla.
En 2022, los partidos se comprometen a implementar las mejores y transformaciones acordadas en políticas de rentas sociales y del plan piloto de renta universal para las franjas de edad más vulnerables.
En 2023 arrancará la tercera parte del proyecto, con la evaluación del impacto y funcionamiento de la renta básica y el planteamiento de propuestas para ampliarla, "si es el caso".
El acuerdo de la CUP y ERC incluye la creación de un comité permanente de seguimiento para evaluar una vez al mes "el cumplimiento de los acuerdos firmados", además de una comisión de coordinación entre el Parlament y el Govern que hará un control de carácter técnico-político con una periodicidad semanal.
