La decisión del Ministerio de Sanidad de obligar a las autonomías a que tengan medidas comunes en hostelería, ocio nocturno y eventos masivos sigue generando controversia, un día después de que el Consejo Interterritorial aprobase, con el rechazo de siete autonomías, un plan coordinado de actuaciones que estará en vigor hasta que el 70% de la población esté vacunada.

La Comunidad de Madrid y el País Vasco han avisado directamente de que incumplirán las medidas, mientras que Castilla y León y Galicia han anunciado que sus jurídicos están estudiando el carácter vinculante del documento y si invade competencias autonómicas.

A la cabeza de la revuelta, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el plan de actuaciones "no es de obligado cumplimiento" porque parte de un "organismo que no tiene capacidad de hacer ley". "No ha habido unanimidad [en la votación en el Consejo] y, por tanto, no se está obligado a cumplir algo que, a nuestro juicio, es absolutamente insensato y perjudicial". Asimismo, ha repetido su mantra de que con ella no cuenten para "arruinar más a los hosteleros y comerciantes". Y, en su defensa, ha señalado que la Comunidad recurrirá las restricciones.

A su vez, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha avisado de que las modificaciones planteadas suponen una "invasión de competencias", por lo que ha asegurado que Euskadi "seguirá su propia hoja de ruta" y mantendrá las medidas actualizadas el pasado lunes por la instituciones vascas. La consejería de salud vasca ni participó en el debate ni en la votación del plan de actuaciones coordinadas, para mostrar su desacuerdo.

Los niveles

Se da la circunstancia de que Madrid como Euskadi siguen en nivel de riesgo alto (por encima de 150 casos por 100.000 habitantes), por lo que en ambas autonomías no podrá abrir el ocio nocturno, circunstancia que el plan sólo permite en las regiones con una incidencia por debajo de 150 casos por 100.000 habitantes (niveles 0, 1 y 2). Asimismo, tendrán condiciones más duras para la hostelería. En Madrid, por ejemplo, hace meses que está abierto el interior de los bares, que con las nuevas medidas, debería cerrarse, al igual que rebajar de ocho a seis el número de comensales en las terrazas.

En Galicia y Castilla y León la situación epidemiológica es mejor. Aún así, la Xunta ha señalado de que estudiará "en detalle" el documento aprobado para "analizar el carácter vinculante". Y Castilla y León ha avisado de que si finalmente se publica la declaración de actuaciones coordinadas sin el consenso de todas las autonomías, la recurrirá legalmente y solicitará medidas cautelares.

La respuesta

Ante esta respuesta, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avanzado, en un tono conciliador, que el Gobierno no se plantea acudir a la justicia para obligar a las administraciones territoriales. "La judicialización es el último paso en política", ha señalado, tras admitir que "son medidas que hay que contextualizar en cada autonomía".

Y, en concreto, respecto a la Comunidad de Madrid, ha señalado que está "en nivel 3 pero cambiando a nivel 2", por lo que se podrían aplicar en esta región las indicaciones para el riesgo medio.

El sector

Más allá de la disputa política, el sector del ocio nocturno ha avisado que la apertura de las salas sin pista de baile "desnaturaliza y vacía de contenido" la actividad esencial de gran parte de los locales, por lo que la patronal estatal 'Spain nightlife' ha avisado que el 40% de las discotecas no abrirá bajo esas condiciones.

A su vez, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha acusado a Sanidad de adoptar decisiones sin base científica, por lo que no ha descartado que el sector acuda también a los tribunales.