El Gobierno despliega este fin de semana uno de sus programas de ayudas para localizar y rescatar restos de fusilados en la Guerra Civil y la dictadura. El objetivo es primar aquellas fosas comunes de grandes proporciones, que se encuentren en lugares no habilitados como cementerios o que corran riesgo de desaparición por, entre otras razones, actuaciones urbanísticas.

Este domingo comienza a correr el plazo para la obtención de ayudas estatales a la localización y apertura de fosas comunes del franquismo por parte de los municipios y las diputaciones provinciales. El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha confirmado este sábado la entrega de la subvención de un millón de euros que tenía acordada con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para hallar y exhumar restos de asesinados por la represión franquista por toda España.

Los fondos se conceden por resolución firmada por el secretaria de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el pasado 7 de julio. La FEMP ha abierto ya un plazo hasta el próximo 10 de septiembre para que los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares presenten sus solicitudes. La primera condición es que los trabajos se desarrollen entre este 1 de agosto y el 31 de mayo de 2022, así como seguir el 'Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura', previsto en el desarrollo de la actual ley de Memoria Histórica, así como las normas particulares de cada comunidad autónoma.

Objetivo: 500 fosas

El baremo de concesión de ayudas contempla también el hecho de que estén ya en proceso los trabajos y con su final garantizado, o que estén cofinanciados por la entidad local, o aquellos en los que se conciertan para la exhumación dos o más ayuntamientos. Cada ayuda no podrá exceder de 50.000 euros, pero podrá ser compatible con otras subvenciones nacionales, autonómicas o internacionales.

Con la concesión de estas ayudas, el Ejecutivo impulsa su plan cuatrienal de exhumaciones. Fuentes gubernamentales cercanas al proceso cifran en 500 tumbas el objetivo final que se ha puesto para el plan la secretaría de Estado. Los asesores del Gobierno en materia de Memoria Democrática calculan que aún quedan entre 20.000 y 25.000 cuerpos rescatables de asesinados en fosas comunes por todo el país.

Una ayuda de 750.000 euros concedida a la FEMP en 2020 propició el arranque de 92 actuaciones, según ha informado Presidencia. Entre los trabajos que pueden ser objeto de la ayuda no están solo la actividad documental de localización, la arqueológica de exhumación y la médica de identificación de los restos mortales; también una labor más política y didáctica: los trabajos de dignificación de los parajes donde fueron enterradas las víctimas, para convertirlos en los llamados "lugares de Memoria".

La dignificación o resignificación de lugares donde tuvieron lugar las tragedias de la guerra y la dictadura está contemplada en la nueva Ley de Memoria Democrática que el Gobierno ha aprobado este mes de julio para su remisión a trámite parlamentario. La voluntad que subyace es el "derecho a la verdad" de las víctimas como uno de los principios inspiradores de la ley. En ese derecho está que se divulguen sus nombres y las circunstancias en que les quitaron la vida.