La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio del Interior, ha pedido al Juzgado de lo Contencioso 1 de Ceuta el levantamiento de la suspensión cautelar que dictó sobre las repatriaciones de nueve niños migrantes marroquíes, que ha terminado paralizando todo el proceso de repatriaciones de menores emprendido hace una semana. Con un escrito de oposición, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo que este periódico, Interior, a través de su representante legal, pide el levantamiento de la suspensión por argumentos jurídicos y también humanitarios.
Entre los segundos, "las graves dificultades en asegurar la adecuada asistencia social" de los adolescentes que entraron en Ceuta en mayo pasado. La "situación excepcional y de anormalidad" en que viven, dice el escrito, "acredita la necesidad de buscar una pronta solución a esta situación".
El documento que responde a la suspensión, que instaron la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces ante ese juzgado ceutí, pintando con números "la más que constatada y conocida situación de excepcionalidad, anormalidad y de emergencia humanitaria que ha causado la entrada masiva de emigrantes que tuvo lugar los días 17 y 18 de mayo en la ciudad de Ceuta (situación que persiste a día de hoy)". Esos números son tres: "la entrada masiva 12.000 personas, adultos y menores, de forma irregular", la reseña "por parte de Cuerpo Nacional de Policía hasta un total de 1.097 menores", de los que están acogidos en centros temporales "hasta un total de 758" y la estimación de que "existen en la ciudad, además, entre 400 y 500 menores más sin ningún tipo de control, identificación, reseña ni acogida o protección, deambulando y pernoctando en campamentos provisionales, expuestos a todo tipo de riesgos sociales, sanitarios, morales y físicos, incluso poniendo en riesgo su vida".
Entre los argumentos jurídicos que maneja Interior, hay dos de carácter previo que hace valer en su escrito la abogacía del Estado: uno, que "la medida cautelar se ha adoptado sin una previa interposición de recurso", y dos, que "en la actuación administrativa afectada por la medida cautelar han concurrido dos Administraciones (la de la ciudad autónoma de Ceuta y la del Estado a través de la Delegación del Gobierno) aunque solo a una se le ha permitido el trámite de alegaciones, por lo que se está causando una indefensión material", dice la respuesta, en alusión al Gobierno de Ceuta. De hecho, entre sus conclusiones hay una petición al juez de que se deje alegar al gobierno ceutí.
