La pugna en el seno del feminismo y en el Gobierno —entre el sector socialista y el de Unidas Podemos— también existe en el PSOE. El debate visibilizado en torno a la ley trans será, con seguridad, uno de los que agitarán el 40º Congreso Federal del partido, que el próximo viernes arrancará en València. El sector feminista, que dentro del Ejecutivo lideraba, antes de su cese como vicepresidenta primera, Carmen Calvo, clama contra una ley que apellida "de Podemos" (no de toda la coalición), pero otras enmiendas de las bases caminan en la dirección contraria, más próximas a los planteamientos de los morados.
El cónclave deberá fijar la posición del PSOE para los próximos cuatro años en una materia muy señera para el partido, como ya ocurriera en el 39º Congreso, en 2017. Entonces, la pelea giraba en torno a la gestación subrogada, que defendían las Juventudes y el colectivo LGTBI. La discusión se cerró de manera aplastante: no rotundo a los vientres de alquiler. La postura ya está afianzada en el PSOE, pero la que ahora está abierta es la protección a las personas trans. Pero las enmiendas a la ponencia marco redactada por la dirección de Pedro Sánchez —son 10.485 las que han pasado el filtro de los territorios y han ascendido hasta Ferraz— también abordan otros asuntos relevantes para los socialistas como el aborto, la prostitución... y hasta el pasado colonial español.
La batalla queda ya reflejada en las primeras páginas de la memoria de enmiendas, de 1.573 páginas y a la que ha tenido acceso este diario, cuando de entra se pide que, una vez incorporadas las modificaciones aprobadas en el transcurso del 40º Congreso, se someta el texto final a una "revisión técnica" para "garantizar que el texto cumple con el uso no sexista del lenguaje" y "para resolver la sinonimia detectada a lo largo de todo el texto de la ponencia entre los términos sexo y género". La utilización indistinta de ambos conceptos, esa "falsa sinonimia", genera "incongruencias conceptuales y legales que no deben aparecer" en un texto del PSOE, escriben los enmendantes, procedentes de varias provincias.
El sector feminista proclama, en sus modificaciones elevadas a Ferraz, que siempre ha estado "al lado de las personas transexuales" y ha luchado "y lucha" por la "erradicación de todas las discriminaciones de las que aún hoy siguen siendo objeto". Pero, a la vez, manifiestan su "acuerdo" con la ley 3/2007 que permitió el cambio registral de las personas trans sin necesidad de cirugía, con una actualización: que se suprima el requisito de dos años de hormonación.
El anteproyecto de ley LGTBI que aprobó en junio el Consejo de Ministros, tras una dificilísima negociación entre Calvo, la titular de Igualdad, Irene Montero, y el ya cesado ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, suponía la aceptación de la autodeterminación de género. Para el feminismo clásico socialista, este borrador es "el programa político de Podemos", por lo que piden a la dirección "un periodo de debate y reflexión", ya que las consecuencias de las llamadas leyes "de identidad de género" ya se están sintiendo en los países que las han aprobado. Que haya normas autonómicas que regulen derechos para los trans "no significa que se deba aprobar una ley estatal como la que propone Podemos", porque el ámbito de competencias y sus "consecuencias jurídicas" son "diferentes".
"Es un 'yo soy"
Son numerosas las enmiendas idénticas a esta redacción. Es decir, que el feminismo socialista se ha movilizado desde distintas partes de España para intentar modificar no solo un párrafo sino varios de la ponencia. Otras redacciones no son tan taxativas, pero remiten a la argumentación que esgrimía Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE, frente a Montero: "La nueva legislación ha de ser respetuosa con las necesidades de las personas transexuales, conforme a los principios constitucionales y con plenas garantías jurídicas que den protección a los/las menores y reforzando los apoyos psicosociales y profesionales que eviten dañar a las personas implicadas en estos procesos como desde el PSOE siempre hemos defendido".
Las feministas clásicas entienden que el borrador de ley es "el programa político de Podemos" que ha de ser revisado por sus "consecuencias" jurídicas
Sin embargo, también hay propuestas en sentido contrario, de apoyo a la ley LGTBI y a la formulación pactada por los socios, como esta de Juventudes Socialistas de España (JSE): "Desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones del colectivo trans. Nos mostramos favorables la autodeterminación de género, y la garantizaremos en la nueva ley. La autodeterminación de género no es una mera elección, no es un 'yo quiero ser', es un 'yo soy', y solo reconociéndola podremos reconocer la identidad de género de las personas".
Una enmienda de València, más contemporizadora, se sitúa a medio camino: apuesta por cultiva "el diálogo sincero y positivo con el conjunto del feminismo para superar las polémicas que han rodeado" la elaboración de ley LGTBI, porque el machismo "ataca por igual a mujeres, a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales". El texto advierte de que la emergencia de la ultraderecha debería "obligar" a "los feminismos y los activismos LGTBI" a "dialogar desde su pluralidad pero sin extravagancias y entenderse para plantar cara a esa amenaza cierta". Es decir, que la extrema derecha arramblará con todo, sin atender "enfoques teóricos" o "matices".
Este no es un debate menor. A fin de cuentas, socialistas y morados se disputan la hegemonía dentro del feminismo y en el colectivo LGTBI. Mientras que Unidas Podemos abraza la 'teoría queer', una parte del socialismo la combate porque podría desembocar en el "borrado" de las mujeres. Desde Alicante se insta al PSOE a, dado el debate social, hacer pedagogía, "instruir y facilitar el conocimiento del tema a militantes y simpatizantes pudiendo así tener más conocimiento de esta cuestión y así, votar en consecuencia".
Contra la gestación subrogada
Los socialistas no solo se reafirman en contra de la gestación subrogada. Piden una vuelta de tuerca. Una enmienda de Madrid reclama que se evite que se haga uso de la nacionalidad española para "blanquear" esta "violación de los derechos de las mujeres". "España no puede contribuir a que las mujeres puedan ser explotadas en otros países por la ciudadanía española". Es decir, que se persiga a quienes buscan vientres de alquiler fuera de España.
Más aún, en una propuesta firmada por varias provincias, se demanda "derogar la instrucción de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, que permite, de facto, la legalización de los menores nacidos por gestación subrogada fuera de nuestro país". También se considera "primordial endurecer las penas" contra las agencias españolas que "se lucran con la gestación por sustitución". Desde Madrid se plantea la opción de se prohíba incluso la donación de óvulos.
Las enmiendas demandan que se garantice la prestación del aborto en los centros públicos o que se persiga la objeción de conciencia "generalizada"
La dificultad objetiva de que pueda practicarse el aborto en todo el país y en la red pública explica el sentido de varias enmiendas registradas. JSE empuja para que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) "dentro del Sistema Nacional de Salud", evitando los centros privados. Murcia plantea que se impida que la objeción de conciencia "generalizada" deje de ser "un arma ideológica que coarta y niega los derechos de las mujeres" y Sevilla, que se revisen "los conciertos con centros hospitalarios privados".
El PSOE se declara partido abolicionista de la prostitución, pero no lo es Unidas Podemos, así que la promulgación de una ley para erradicar esta práctica no entró en el programa de la coalición. La ponencia proponía que el PSOE impulsara el "necesario consenso político y social" para hacerla posible. Pero algunas enmiendas son más exigentes. El PSPV de Ximo Puig quiere hacer bandera de ello en el cónclave. Y por eso pide que el PSOE se comprometa "en esta legislatura a presentar una ley integral para la abolición de la prostitución, una ley que ha de proteger y atender a las víctimas, sancionar a los prostituidores y proxenetas, así como castigar todo tipo de proxenetismo". En lo que sí hay acuerdo con los morados es en alumbrar una ley contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
"Arrojar luz" sobre qué ocurrió
El debate sobre los toros ha vuelto a escena con el bono cultural anunciado por Sánchez el pasado miércoles y pactado con Unidas Podemos. El cheque de 400 euros que reciban los jóvenes que cumplan 18 años en 2022 no podrá ser utilizado para ir a un coso. Así se lo demandaron los morados al titular de Cultura, Miquel Iceta, y así lo confirmó el jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Discusión que resonará en el cónclave socialista. Una enmienda de Madrid apuesta por "extinguir la tauromaquia, así como desmantelar y reconvertir el conjunto de actividades económicas que la rodean". Asturias subraya que los toros no son "cultura" y no deben "promocionarse" las corridas. Álava prefiere que se dejen de "promover y subvencionar con dinero público los espectáculos taurinos". Y JSE aconseja la prohibición de la asistencia de menores de 16 años a "espectáculos basados en el maltrato animal", incluidos los toros.
La definición del nuevo proyecto socialista saldrá del debate en el cónclave, primero en comisión y luego, solo con las enmiendas que tengan un 20% de apoyo, en plenario
En la memoria de enmiendas se ha colado un tema 'a priori' inesperado. La conquista de América. El papa Francisco pidió "perdón" a México, y rápidamente contestó, en su contra, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y después, el expresidente José María Aznar y el líder del PP, Pablo Casado. En el capítulo dedicado a la memoria, el PSC apunta que España debe ser "consecuente" con su pasado como "potencia colonial" y reparar "el daño" causado "en otros lugares del mundo", "repasar" qué ocurrió y modificar "dialécticas y planteamientos patrios". JSE pide impulsar el "estudio de la memoria colonial española con los criterios de verdad, justicia y reparación, con el fin de comprender el pasado de España como potencia administradora de territorios no autónomos, a fin de arrojar luz" sobre lo sucedido.
La definición del nuevo proyecto socialista se conocerá la próxima semana, cuando los 1.082 delegados con derecho a voto en el cónclave analicen las enmiendas que no haya asumido la ponencia. Lo harán primero en comisión y, las que superen el filtro del 20% de apoyo, en plenario.
