La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la legitimación del PP y Vox para impugnar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, por lo que los argumentos de falta de idoneidad e imparcialidad alegados por ambos partidos ni siquiera han llegado a discutirse. Sus recursos son rechazados por falta de este requisito legal.
Dos magistrados, de los siete que han formado el tribunal, han votado en contra de esa decisión y han anunciado que emitirán voto particular. La decisión la ha adoptado la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso. La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días.
Este asunto ha sido debatido por la Sección Cuarta de lo Contencioso del alto tribunal, seis magistrados a los que se ha unido a los que se unirá el presidente de esta Sala, César Tolosa. Finalmente se rechazó llevar el asunto al Pleno de casi una treintena de magistrados que integran esta Sala.
La cuestión debía superar en primer lugar el obstáculo sobre la legitimación que tienen o no los partidos políticos para impugnar decisiones del Gobierno. La mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló su elección como fiscal general el pasado 16 de febrero, si bien siete de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces argumentaron en un voto particular que no era "idónea para desempeñar" la jefatura del Ministerio Público, una circunstancia a la que se agarraron los recursos del PP y Vox.
Los recurrentes, PP y Vox, dudan de la idoneidad y equidad de Delgado para dirigir el Ministerio Público. En el recurso del PP se argumenta concretamente que el trabajo de Delgado es susceptible de afectarle «en torno a los diferentes procedimientos judiciales en curso» en los que los populares son parte».
