Con una visita al Centro Memorial de Victimas del Terrorismo en Vitoria, una misión de integrantes de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha dado comienzo este miércoles a una visita de carácter informativo a España. Su intención es obtener datos acerca del fenómeno de los atentados mortales de ETA sin resolver.
Son 379 casos desde los años 70, según el recuento de la entidad peticionaria de la investigación europarlamentaria, la plataforma de Dignidad y Justicia, y 314 según contaron en su día la Fiscalía General del Estado y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), restando los que se habían cometido antes de la aplicación de la Ley de Amnistía.
En la misión viaja una víctima de ETA, la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba, jefe de la Policía Municipal de Andoain asesinado a tiros en 2003. Integran también el grupo de visitantes los eurodiputados españoles Jorge Buxadé (Vox), Cristina Maestre (PSOE) y Dolors Montserrat (PP). Estos hacen de guías a los también parlamentarios europeos Agnès Evren (PPE, Francia), Alex Agius Saliba (socialista maltés), Vlad Gheorghe (liberal rumano) y Kosma Zlotowski (polaco del Partido Ley y Justicia).
La misión de la UE culminará este jueves un viaje que ha sido pospuesto en dos ocasiones a causa de la pandemia, y solicitado por el abogado español Miguel Ángel Rodríguez Arias -que en su día investigó también crímenes de la represión franquista-, en representación de la asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado Luis Portero y parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid.
El letrado Rodríguez Arias denunció en 2017 la "incapacidad" del Estado para averiguar los autores de estos asesinatos de ETA, condenarlos e indemnizar a las víctimas y aportó al Parlamento Europeo un informe de 2.000 páginas sobre atentados mortales de ETA sin respuesta judicial. El 40% de los asesinatos de la banda terrorista no tienen sentencia ni juicio celebrado.
40% sin sentencia
El de los crímenes de ETA sin resolver es uno de los asuntos más singulares del fenómeno terrorista en Europa. En Irlanda del Norte, según datos del ministerio británico para Irlanda del Norte, son 1.200 casos (de más de 3.000 victimas del IRA y de atentados unionistas) los que la policía mantiene aún abiertos. En el caso de España, los más de tres centenares de crímenes terroristas sin autor conocido son muchos menos en número, pero han tenido una menor persistencia en la investigación judicial por la imposibilidad en su día de reunir indicios o testimonios, o, a ojos de las víctimas, por mera saturación de casos.
Además del 40% de asesinatos terroristas sin sentencia, "hay un alto nivel de impunidad en 670 sentencias", lamenta Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo vasco de víctimas COVITE y hermana de Gregorio, concejal donostiarra del PP asesinado en 1995.
Se trata de una impunidad menor, en cualquier caso, que la que detecta esa organización -como en 2011 también Maite Pagazaurtundua desde la presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo- en los casos de ataques de ETA saldados con heridos. El terrorismo vasco dejó 2.600 heridos físicos en 50 años de actividad criminal.
"Muchos de estos casos sin esclarecer se han debido a un conjunto de desidias y negligencias -opina Consuelo Ordóñez-, negligencias policiales, negligencias judiciales, sumarios sin imputaciones, cerrados en cuatro meses... Son la expresión de un fracaso rotundo del Estado de Derecho. España no ha cumplido con la obligación del Estado de una investigación efectiva, como manda el Convenio Europeo de Derechos Humanos".
Agenda de entrevistas
La delegación europea tiene programada para este jueves su jornada más intensa en España, con entrevistas previstas en Madrid con víctimas del terrorismo, miembros de la judicatura y directivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Las entrevistas están ideadas para la completar cuestiones aledañas a un informe de 2.000 páginas del abogado Rodríguez Arias, que constituye de momento el documento central de la investigación.
Entre las personas a las que entrevistarán están el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, el letrado Rodríguez Arias, el general jefe de Información de la Guardia Civil, Valentín Díaz, el comisario general de Información de la Policía, Eugenio Pereiro, la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Montserrat Torija, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y su colega especialista en terrorismo Marcelo de Azcárraga, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González-Herrero, y el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, así como los dirigentes de entidades de victimas del terrorismo Tomás Caballero Martínez, María Teresa Araluce y Consuelo Ordóñez.
La AVT ha remarcado a través de varios dirigentes que el tour de los europarlamentarios no servirá para el esclarecimiento de los atentados, restando así valor a la iniciativa promovida por su exmiembro Portero. La asociación vasca COVITE, por su parte, ha preparado un informe para entregar en la cita de este jueves en el que, además de cuantificar lo que la asociación ha llamado en un libro "agujeros del sistema", propondrá a los parlamentarios de Estrasburgo que ayuden a las víctimas españolas de ETA a pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una reconvención para el Estado español en pro de que aplique una tutela judicial efectiva.
