El aval del Gobierno y del PSOE al polémico candidato del PP, Enrique Arnaldo, como nuevo miembro del Tribunal Constitucional, a cambio de conseguir la renovación de este órgano, ha provocado un chaparrón de criticas, que Moncloa ha intentado capear sin mucho éxito. El argumento de que el asunto sólo concernía al PP, y que era este grupo quien "debe hacerse cargo", no ha resultado suficientemente convincente y la tormenta política en torno a Arnaldo ha ido creciendo tras las informaciones de 'El Periódico de España' y otros medios, que vinculan su nombre a casos de corrupción.
A 24 horas de que este jueves se produzca la votación, el Ejecutivo ya no tiene donde guarecerse y el malestar con esta decisión se ha extendido en el grupo parlamentario. Fuentes cercanas al Gobierno, conocedoras de las conversaciones que mantuvieron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y al secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguran a este diario que las dos partes establecieron el "mecanismo de no veto" antes de comenzar a negociar y desde ese momento en el Ejecutivo de coalición "quedaron prisioneros" de las propuestas que hiciera el PP.
El Gobierno se escuda en que Arnaldo, que aparecía en las grabaciones del 'caso Lezo', que estuvo imputado en el caso 'Palma Arena' y que ha tenido destacados vínculos con el PP y relaciones con investigados y presuntos testaferros de las tramas que han salpicado a este partido, efectivamente "no es el candidato que habríamos querido" pero que por encima de su nombre estaba acabar con el mandato concluido de cuatro integrantes del TC.
Objetivo final, el CGPJ
Este es un objetivo evidente pero no el único. El Ejecutivo de coalición aceptó también porque, una vez que se había abierto una vía de interlocución con el PP, tras meses de incomunicación, el siguiente paso es abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres años caducado. De hecho Bolaños y Egea mantienen conversaciones "discretas" para alcanzar un pacto.
Este "bien superior" de lograr un nuevo CGPJ, más en línea con el Gobierno, ha hecho que Moncloa asuma el coste de transigir con Arnaldo y también que se esfumen las críticas de Unidas Podemos. Dos diputadas sí se han rebelado contra el pacto en un artículo, remitido precisamente a este periódico, pero la postura oficial de la formación morada es que la renovación del Constitucional es "imprescindible" para que "puedan entrar en este tribunal y en los órganos judiciales, personas distintas a los candidatos a PP y PSOE", en referencia a sus propias propuestas.
En las filas populares algunas personas que ni entienden ni comparten que el PP de Pablo Casado aúpe al TC a un candidato con este perfil, barruntaban que los socialistas hayan podido aceptarlo para recusarle después en todas las causas que le puedan salpicar, tanto por las opiniones públicas que ha manifestado como los trabajos con la Administración de su empresa Estudios Jurídicos y Procesales. Fuentes del Gobierno señalaron sobre esto que "no somos tan sofisticados" a la hora de alumbrar un acuerdo.
El fin último de este proceso es el CGPJ, que los socialistas llevan tres años tratando de actualizar, aunque el proceso para lograrlo conlleve críticas externas e internas. Fuentes socialistas admitían este miércoles el "mal rollo" entre los diputados por ser obligados a respaldar a un candidato con el historial de Arnaldo. Sólo Odón Elorza se ha atrevido a censurarlo abiertamente y eso le costado la reprimenda de su propio partido. Pero son muchos los que en privado manifiestan sus recelos. "No gusta, ni él ni otros nombres", en referencia a la otra candidata del PP, la magistrada Concepción Espejel. Pero "entendemos que la dirección lo ha hecho para desbloquear la situación". Era, señala otro diputado, "escoger entre lo malo y lo peor". Existe "mal rollo", añade. "Es un tema delicado", comenta uno más.
"Una decisión de la dirección"
Todos son conscientes de que deben acatar la disciplina de grupo pero eso no evitó que el miércoles creciera el enfado por "este sapo". Nadie duda de que su nombramiento saldrá adelante en la Cámara, a pesar de las reticencias de Elorza y de que dos diputadas de Podemos lo hayan censurado en 'El Periódico de España', pero todos los parlamentarios socialistas consultados lo justifican sólo en que "es una decisión de la dirección".
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención en el pleno defendió que "a mí no me gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el PP para el Tribunal Constitucional, pero el deber del Gobierno de España es salvar el acuerdo para renovar los órganos constitucionales y permitir que se desbloqueen". Tema cerrado, a la espera de que se haga pública la negociación del CGPJ.
