El Gobierno de Pedro Sánchez, en la legislatura anterior, exhumó los restos de Franco del Valle de los Caídos en helicóptero. Ni eso contentó del todo a Unidas Podemos o a ERC, que reprocharon que hubiera una puesta en escena propia de un funeral de Estado (Pablo Iglesias) o que se efectuara una exaltación del franquismo (Esquerra).
El Gobierno de Sánchez, en el que está la formación "morada", ha activado en esta legislatura una nueva ley de memoria democrática. Tampoco ha reinado la armonía; más bien todo lo contrario. De hecho, es el proyecto que más ha ensanchado la distancia del PSOE con su socio de coalición y con su principal aliado parlamentario. No es éste un asunto con el que los socialistas puedan tender puentes fáciles.
La demostración palmaria, por si había dudas, se produjo este miércoles al registrar los grupos sus enmiendas al proyecto de ley de memoria democrática. Lograron los socios del Gobierno pactarlas, pero qué poco ha durado la paz. Un día. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dejado claro que con su propuesta sobre los crímenes del franquismo la Ley de Amnistía no cambiará nada. Contrasta este golpe de realismo, o de escepticismo, con el entusiasmo de Unidas Podemos. Mientras tanto, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, está que trina. "Humo", ha dicho que es esa propuesta.
Sin la formación catalana, el colchón de apoyos se ha agujereado. El tiempo dirá si se puede se coser. Sólo el PNV parece caminar por la senda del acuerdo, pero sus seis diputados no son suficientes. Cs, a través de Edmundo Bal, incluso ha pedido al Gobierno que no les llame. No hay nada de qué hablar aquí.
Estos son los escollos que han dejado al proyecto de ley de memoria democrática al borde del abismo:
Juzgar o no los crímenes del franquismo
Los socios de Gobierno plantean una enmienda para modificar el artículo 2 de la norma de memoria para que la Ley de Amnistía de 1977 se adapte al Derecho Internacional Humanitario y propicie que los delitos cometidos por el franquismo sean imprescriptibles y no amnistiables. El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, admitió en rueda de prensa que el alcance de la modificación es limitado, pues la mayoría de los que pudieron cometer delitos han fallecido ya. Sin embargo, según sus palabras, es de justicia que en España por fin se establezca el fin de esa impunidad.
Bolaños ha destacado que la enmienda no generará efectos de calado. Es tan interpretativo que hasta diversos juristas coinciden en ese efecto de repercusión más bien acotada.
Las diferencias aquí, entre PSOE y Unidas Podemos, han resonado porque son los partidos que forman el Gobierno. Han dejado pequeña la discrepancia de ERC, que aboga por la derogación de la Ley de Amnistía.
Derecho a la reparación económica
Esquerra Republicana de Catalunya registró hace dos meses una enmienda a la totalidad del proyecto del Ejecutivo. Desde entonces no ha habido acercamientos. Fuentes del partido independentista puntualizan que hace dos semanas, pese a los encontronazos, enviaron al PSOE un documento con más de una decena de enmiendas, consideradas prioritarias por la dirección del grupo de Rufián. No ha habido respuesta.
El propio Rufián, cuando vio este miércoles que su homólogo socialista, Héctor Gómez, salía en rueda de prensa a elogiar algunos acuerdos presupuestarios y las propuestas sobre memoria democrática, se apresuró a convocar otra rueda y a denunciar que estaban vendiendo "humo".
Porque, además de hinchar la importancia de esa petición sobre la Ley de Amnistía, el PSOE apuntaba a un mecanismo de reparación económica a las víctimas que nacía hueco, en interpretación de ERC. Sin cambiar el artículo 5.4 del proyecto, no puede activarse ni un solo sistema de restitución efectivo.
Ilegalidad del franquismo
Esquerra sí aboga por cambiar dicho artículo, de modo que la declaración de nulidad comporte el derecho a la reparación económica. Asimismo, solicita institucionalizar como ilegal el franquismo.
En general, los independentistas son más contundentes en sus enmiendas. Por ejemplo, en la que variaría el artículo 31, plantea la apertura de investigaciones sobre las incautaciones y una auditoría de los bienes expoliados y de sanciones correspondientes. En 12 meses estará el resultado, y éste conllevará a la restitución de bienes a las víctimas, o en su caso, a los herederos. El PSOE, sin embargo, subraya que se trazarán "posibles vías de resarcimiento".
Muchas similitudes, pero no bastan
Es curioso que estén los ánimos tan enconados cuando las enmiendas de PSOE-UP y ERC muestran varias coincidencias. Por ejemplo, la creación de una Fiscalía al respecto o un Banco Estatal de ADN de las víctimas. También la apuesta por invalidar todos los títulos nobiliarios del régimen franquista o por incluir en los libros de texto contenidos que encumbren la memoria democrática. También coinciden en que el Valle de los Caídos se llame Valle de Cuelgamuros o que se extingan las fundaciones o asociaciones que hagan apología del franquismo.
