El Congreso aprobó la nueva ley de residuos y suelos contaminados hace tres semanas gracias al apoyo de 182 diputados, entre ellos los 120 del PSOE y los 35 de Unidas Podemos. Un artículo de la norma, el 28.4, que Teruel Existe logró enmendar con el acuerdo de los socialistas, es un paso más en la lucha contra las lesiones medioambientales que generan las macrogranjas.
El diputado de la plataforma turolense, Tomás Guitarte, anunció su respaldo a la ley en el pleno que la aprobó y la envió al Senado, en donde se encuentra actualmente. No está en vigor, por tanto, pero se acerca el momento en que lo esté. La razón por la que los turolenses dijeron "sí" se debió a la única enmienda que presentaron, destinada al aprovechamiento energético de los "purines", residuos de origen orgánico con impacto medioambiental. En las granjas, sean grandes, medianas o pequeñas, se producen, obviamente, importantes cantidades de purines. En Aragón, comunidad en la que el sector de la ganadería tiene uno de sus bastiones, resultan esenciales la promoción y articulación de sistemas para su tratamiento, así que Guitarte intentó aprovechar la ley de residuos para abrir esta puerta.
Se fijó en el citado artículo 28.4, que consagra el impulso por parte de las autoridades competentes del "compost" y del uso del biogás con fines energéticos, bien para que pueda emplearse directamente en las instalaciones, como combustible, como materia prima de procesos industriales o para su inyección a la red de gas natural en forma de biometano. El diputado de Teruel reseñó su motivación en el pleno del Congreso que rechazó la devolución de la norma, y por consiguiente, comenzó a tramitarla, en mayo del año pasado.
Dijo entonces: "Vamos a llamar la atención sobre los residuos de origen ganadero, en concreto sobre el estiércol y los purines. La ley apenas aborda la cuestión en el artículo 28 con un enfoque restrictivo; de hecho, las palabras estiércol y purín no están en la ley (...) Creemos que esta ley de residuos debe fijar algunas líneas para garantizar la incorporación del estiércol a la economía circular de manera más completa y eficiente".
Y puso un ejemplo gráfico: "Según el Ministerio de Agricultura, en mayo de 2020 había en España más de 31 millones de cerdos, de los cuales 8,7 millones estaban en Aragón. Los técnicos estiman que los cerdos generan al día excrementos, estiércol y purines que representan entre el 5 y el 10% de su peso. Algunos criterios que debemos mejorar en esta ley son para gestionar, tratar y poner en valor un residuo que, como vemos, es tan importante en volumen y un problema que amenaza la rentabilidad de las explotaciones ganaderas (...) El estiércol y los purines son un residuo que sin tratamiento contamina suelos y acuíferos".
El apoyo del PSOE
Cuentan fuentes parlamentarias a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, conocedoras del trámite de la ley de residuos en el Congreso, que las conversaciones de Guitarte con los interlocutores socialistas no fueron sencillas. Al final, el representante de Teruel Existe aceptó una transacción meramente técnica, pues los términos "purines" y "estiércol" no entraron en la redacción definitiva. Sin embargo, como en la filosofía del precepto ya estaba la apuesta por el reciclaje energético de los excrementos de los animales, optó por el acuerdo con el PSOE, y en consecuencia, por votar a favor de la norma.
La plataforma, el pasado 17 de diciembre, al ver la enmienda incluida en el dictamen que salió de la Comisión de Transición Ecológica, paso previo al "ok" del pleno, publicó una nota de prensa en la que expresó su satisfacción por la transacción con el grupo socialista. Los "purines residuales de la ganadería" serían "fuente de energía renovable a través de la generación de biogás y biometano", reseñó la organización en su web.
Añadió este párrafo acto seguido: Guitarte "trasladó la preocupación por cómo actualmente la gestión de los subproductos formados por excrementos y purines de las explotaciones ganaderas intensivas generan impacto en los suelos, en los acuíferos y también en la atmósfera con la emisión de metano".
El diputado turolense, en el pleno del Congreso que ratificó la ley, el 23 de diciembre del año pasado, explicó las consecuencias contaminantes de ciertas instalaciones ganaderas. No dijo "ganadería intensiva", como Teruel Existe sí hizo una semana antes en el comunicado, pero las fuentes de la Comisión de Transición Ecológica saben perfectamente cuál es el problema y dónde se localiza. "Muchos de los efectos e impactos de los residuos -aseguró en la tribuna del Congreso acaban de diferentes formas en el medio rural. Por eso, necesitamos que los principios y prácticas de la economía circular constituyan un rasgo propio para las áreas poco pobladas".
El objetivo es "aplicar la tecnología que permite la generación de biogás y biometano a partir de los purines", y además, afrontar "de manera decidida el problema de la contaminación de suelos y acuíferos".
El PP se abstuvo y Cs votó a favor
Las fuentes mencionadas antes explican que en una macrogranja, en donde se hacinan los animales, la generación de de purines resulta más que notable, en mucha más cantidad desde luego si se compara con granjas de menores dimensiones. Existen ya sistemas para su tratamiento, sobre todo el desplazamiento a vertederos, en donde se queman. Sin embargo, a causa de una legislación "laxa", no siempre los desechos terminan donde no dañan, sino en el propio medioambiente. A diferencia de la ganadería extensiva, en donde el ecosistema absorbe sin problemas los excrementos, no sucede lo mismo en instalaciones de ganadería intensiva.
Los purines, recuerdan las fuentes, desprenden metano, y en la última cumbre climática de Glasgow salió un compromiso suscrito por más de 100 gobiernos, el español entre ellos, para reducir tales emisiones. Destinar a segundos usos energéticos, o a compost, los residuos orgánicos del ganado ayudaría en gran medida a aliviar las secuelas medioambientales de las macrogranjas. Es la dirección a la que apunta el artículo 28.4 de la ley.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, es la personalidad que ha aireado el frenético debate sobre el modelo ganadero español, en el que conviven los sistemas intensivo y extensivo. Este segundo lo defendió, pero el primero lo cuestionó por la calidad de la carne que exporta y por las secuelas ecológicas. El PP, sobre todo, pero junto a él formaciones como Vox y Cs, respondieron enérgicamente y hasta han pedido su dimisión. Los populares, cabe recordar, se abstuvieron en el pleno del Congreso que avaló la norma. Cs votó a favor.
Con todo, de toda la polémica, ha llamado la atención la reacción de los ministros del ala socialista. Pilar Alegría dijo de Garzón que habló a título personal; este mismo martes el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha tildado las palabras de "desafortunadas", al tiempo que ha protestado por no haber sido consultado antes de lanzar aquella disertación a The Guardian. El presidente lamentó las afirmaciones del titular de Consumo.
Titular del Gobierno que, unos días más tarde, en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, explicó: "Una de las mejores formas de proteger la ganadería extensiva, la tradicional, más familiar y social, es frenar en seco este modelo de las macrogranjas, cuyos costes ecológicos -con la contaminación de agua y suelos y la emisión de gases- también van asociados a un modelo de producción masiva, rápida y lo más barata posible que desplaza a la tradicional". Y añadió que los "principales movilizados" contra esta preponderancia de las macrogranjas son los habitantes del mundo rural.
Lo corrobora una de las fuentes consultadas: "El uso actual de los purines ocasiona unas corrientes de aire con muy mal olor. Como dice un conocido, si en Madrid tuvieran que soportar esa peste, el problema se solucionaba en un minuto".
