El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, negó ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haber ordenado o autorizado, ni siquiera haber conocido, los 15 contratos firmados entre 2004 y 2012 por la compañía con Cenyt, buque insignia el entramado empresarial del excomisario José Manuel Villarejo, para presuntamente espiar al presidente de ACS, Florentino Pérez, o a Manuel Pizarro, entonces al frente de Endesa.

"Me parece deplorable y no es admisible si los han espiado", aseguró Sánchez Galán al ser preguntado directamente por el motivo en el que se basa su imputación por los delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, según señalaron fuentes jurídicas presentes en la declaración, que tuvo que ser en persona, después de que el magistrado rechazara practicarla mediante videoconferencia como pedía la defensa por su edad y la variante ómicron del covid.

En la línea de los últimos recursos presentados por la compañía, Sánchez Galán aseguró que el espiado había sido él, a través precisamente de Villarejo, aunque a diferencia de en los escritos no llegó a responsabilizar en ningún momento a Florentino Pérez, que está personado como acusación particular en la causa. El magistrado le animó a formalizar una denuncia en ese sentido y, en caso de que fuera admitida, a personarse en la nueva pieza que se abriría contra el excomisario.

Durante la comparecencia, el juez preguntó a Sánchez Galán, que solo quiso contestar al magistrado, la fiscalía y su propia defensa, sobre las distintas conversaciones intervenidas a Villarejo en las que este se refería al "señorito". Se limitó a responder que él no hablaba de conversaciones en las que no era uno de los interlocutores.

El expresidente de Iberdrola derivó la responsabilidad de los contratos firmados con Villarejo por un importe tota de un millón de euros en quien era jefe de seguridad de la entidad, Antonio Asenjo, que ante el juez ya admitió los contratos investigados. En este sentido Sánchez Galán dijo que Asenjo había hecho "una contratación indebida porque no había una petición previa y que por eso se le había echado de la empresa".

Antes de que prestara declaración Sánchez Galán lo había hecho quien fue presidente de Iberdrola España Fernando Becker, también como imputado. Fuentes jurídicas señalaron que durante su declaración, en la que contestó a todas las partes, sostuvo que en ningún momento le fueron comunicados los contratos investigados, pese a que era el superior de Asenjo.

Declaraciones previas

Este lunes declararon el exconsejero-director general de Negocios Francisco Martínez Córcoles y el exjefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo, quienes se desvincularon en ambos casos de las tareas encomendadas a Cenyt, según Europa Press.

Orbegozo reconoció que visó dos facturas que las pesquisas judiciales han atribuido a Cenyt, concretamente a los proyectos 'Gipsy' y 'Posy', de 2009, donde el entonces policía habría investigado al presidente de ACS y su entorno para evitar el asalto de la constructora a la eléctrica. Según el dos de Sánchez Galán esas facturas le llegaron firmadas desde el departamento correspondiente y que él se limitó a dar un último visto bueno tras hacer una comprobación superficial que habría consistido en verificar que el concepto de las mismas coincidía con cuestiones agendadas.

Ante la insistencia de los interrogadores, Orbegozo aseguró que solo tuvo noticia de que Pérez pretendía hacerse con el control de Iberdrola por la prensa, lo cual le mereció el reproche del juez, quien llamó la atención sobre el hecho de que el jefe de Gabinete de Sánchez Galán solo fuera consciente de estas maniobras empresariales a través de los medios de comunicación.

Contratos y facturas

García-Castellón sospecha que Sánchez Galán y los tres ex directivos pudieron participar desde sus respectivos puestos en la contratación de Cenyt cuando Villarejo aún era policía, que se manipularon las facturas generadas por esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas investigadas.

Según el auto de imputación, el primer proyecto de Villarejo para Iberdrola habría sido 'Arrow', cuyo objetivo era eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Entre 2004 y 2005 se habría desarrollado 'Black Board' o 'B-B' para supuestamente conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico.

Ya en 2009, a Villarejo se le habrían encomendado 'Gipsy' y 'Posy'. El primero habría consistido en investigar a un directivo de Iberdrola, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Con el segundo proyecto, las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez.

Por último, en 2011, Villarejo se habría dedicado a 'Wind' para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Christopher Kaap, y a su apoderado, Corneliu Dica. Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la mercantil española en un procedimiento arbitral.