Los funcionarios del Parlament alzan la voz por el malestar que les ha generado la forma en que se han suprimido las licencias por edad, el régimen especial al que podían acogerse los que tuvieran 60 años y llevaran 15 en la institución que les permitía cobrar sin trabajar, y la retahíla de "ataques" que han sufrido por parte de la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, responsabilizándoles de la retirada del escaño al cupero Pau Juvillà.

En un comunicado, el consejo de personal, asesorado por los abogados del Col·lectiu Ronda, lamenta haber sufrido "una campaña de descrédito por parte de los políticos que afecta a la imagen de la institución y que solo responde a batallas políticas" y anuncia que está estudiando emprender acciones legales contra el acuerdo de la comisión de asuntos internos que eliminó del reglamento el artículo 79 que regula la paga, "de forma unilateral y sin negociación previa" con los trabajadores. "Representa una vulneración del principio de negociación colectiva y de libertad sindical", indican los empleados.

"El problema no es y no ha sido nunca la supresión de las licencias por edad", insisten, porque, a su juicio, lo perjudicial para ellos es no haber intentado negociarlo como sí hicieron cuando el 21 de diciembre, antes de que estallara la polémica, cuando pactaron una reducción de cinco a tres años de la paga. "El Parlament debería ser ejemplo en su forma de proceder y, en cambio, vemos como se vulneran derechos fundamentales para conseguir un titular y hacerse una foto fácil. En otra muestra de cinismo, el acuerdo de supresión se aprobó por unanimidad, pese a que algunos miembros de la comisión reconocieron en su intervención que el acuerdo se había adoptado sin negociación", afean los trabajadores.

Su equipo de abogados mantiene que dispone de dos meses desde la publicación de la eliminación de las licencias por edad para impugnar esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). "La resolución aprobada no solo podría estar conculcando derechos considerados fundamentales por la Constitución sino también el contenido de diferentes artículos del reglamento", apuntan los letrados.

Juvillà y la JEC

El enfado de los funcionarios ha ido a más estas últimas semanas, tras la suspensión del acta del cupero Pau Juvillà, al sentir que se ha puesto en duda su "imparcialidad y profesionalidad": "Nos adherimos a lo que ya apuntó la secretaria general en un comunicado anterior: los trabajadores del Parlament mantenemos el engranaje de la administración parlamentaria, no obstaculizamos ni bloqueamos, trabajamos para preservar el buen nombre de la institución y su prestigio", inquieren en el texto.

Borràs negó en todo momento haber dado instrucciones de cumplir con la orden del órgano administrativo y describió que se encontró con el registro de la institución "cerrado" y con el Sistema d'Informació de l'Activitat Parlamentària (SIAP) "bloqueado" sin su plácet cuando admitió, pero no autorizó, a mano, según sus palabras, la petición de delegación de voto de Juvillà en el pleno del 3 de febrero, cuando la JEC ya daba por confirmado el cese desde el 28 de enero, con nuevas credenciales para la siguiente en la lista de la CUP por Lleida recibidas por burofax.

"Todas las afirmaciones que se han hecho estos días contra los funcionarios del Parlament formen parte de una batalla política que no tiene nada que ver con nosotros y que no se ajustan a la verdad", zanjan, piden que se deje de "desgastar" la institución en la que se trabajan inmersos en un choque incesante entre formaciones políticas.