El Tribunal de Cuentas ha comunicado este viernes a los condenados por la consulta del 9-N de 2014, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, sus 'exconsellers' Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el exsecretario general de Presidencia Jordi Vilajoana, que ha procedido a levantar la anotación con la que en el Registro de la Propiedad figuraba que sus viviendas habían sido embargadas para cubrir los 4,9 millones que se les impuso en sentencia, cantidad que con intereses y costas, ascendía en realidad a más de 6,3 millones de euros.
Fuentes jurídicas han señalado a este diario que el embargo que pesaba sobre las viviendas no se había aún levantado, pese a que ya se había abonado la cantidad impuesta en sentencia por una discrepancia en el cálculo de los intereses que se debían pagar entre la ya exconsejera del tribunal Margarita Mariscal de Gante y las defensas. Finalmente estas, a la espera de que se produzca una decisión definitiva al respecto, han optado por depositar los 190.827 euros que se les reclamaba en este concepto. Esa cantidad sumada a la de 1.055.000 euros que ya habían aportado ascendía a un total de 1.245.828 euros, que fueron fijados por el órgano fiscalizador como intereses, según consta en la resolución notificada este viernes.
Otros avales
Se da la circunstancia de que tanto Mas como Homs trataron de aportar sus viviendas también como aval para cubrir las fianzas de los dos procedimientos en los que también están encausados y que, al iniciarse la fase de enjuiciamiento, se han acumulado. Se trata del del 1-O, por el que en enero de 2020 se les exigió una fianza de 4,2 millones, y el de la acción exterior, en el que en junio de 2021 se les reclamaron 5,4 millones, junto a otros 32 exaltos cargos del Govern.
Los inmuebles sobre los que se ha levantado la traba impuesta por el Tribunal de Cuentas en septiembre de 2017 se encontraban en Barcelona, en el caso de los de Mas, Ortega y Vilajoana, en Taradell (Barcelona), en el de Homs, y en Ribes de Freser (Girona), en el de Rigau.
