La presidenta del Parlament, Laura Borràs, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio el lunes por cerrada la instrucción del caso sobre el presunto fraccionamiento de contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un proceso judicial abierto por un delito continuado de prevaricación, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y malversación.
Con el reglamento de la Cámara catalana en mano, y atendiendo al artículo 25.4, Borràs debería quedar suspendida de sus funciones cuando se le abra juicio oral, esto es, una vez se haya presentado el escrito de acusación de la fiscalía y se haya pronunciado su defensa. Pero fuentes de su entorno cuestionan la interpretación de este punto y que se pueda hablar de "corrupción" en este caso, criticando, al mismo tiempo, que no prevalezca la presunción de inocencia.
De ahí que la oposición ya haya alertado este martes de que Borràs debe quedar apartada entonces, aunque ella ha defendido siempre su inocencia y después de que amagara con un intento de eliminar este artículo, como recogieron los letrados en un informe.
"Tenemos muy claro que estamos ante un caso que no es comparable a los casos de judialización del 1-O, solo hace falta leer la instrucción y el reglamento es clarísimo", ha defendido el portavoz de los 'comuns', David Cid. Y ha vuelto a pedir a ERC y CUP que le retiren la confianza, una petición que los morados ya hicieron a raíz del 'caso Juvillà'.
Mucho más contundente y combativo se ha mostrado el líder de Cs, Carlos Carrizosa: "A cualquiera se le caería la cara de vergüenza de tener este rosario de conductas delictivas y no dimitir. La señora Borràs está obligada a dimitir", ha espetado, exigiendo también que comparezca en el pleno para dar explicaciones sobre este caso. En la misma línea, la portavoz del PPC, Lorena Roldán, ha solicitado a Borràs que dimita cuanto antes para "ahorrar el bochorno" a la institución y permita "salvaguardar el prestigio" del Parlament.
La portavoz del PSC, Alícia Romero, ha reclamado que se cumpla el reglamento a rajatabla, recordando que el artículo en cuestión fue una transacción entre Junts pel Sí y la CUP en 2017 en el marco de la negociación sobre las leyes de desconexión. "Parecería extraño que los partidos que lo incorporaron ahora busquen excusas para no aplicarlo", ha despejado Romero, por lo que ha considerado que Borràs debe ser suspendida "automáticamente" cuando se le abra juicio oral y dejar así de ejercer como jefa de la Cámara catalana.
La semana pasada se puso en marcha la comisión que debe abrir la reforma del reglamento pero, pese al empeño de Junts, ningún otro grupo parlamentario está dispuesto a retocar este artículo. Lo que se abordará son cambios para incluir el plan de igualdad, las votaciones telemáticas después del impacto de la pandemia y nuevas medidas para mejorar la transparencia de la institución.
