El excomisario José Manuel Villarejo asume que la Justicia británica le citará a declarar en el marco de la demanda que interpuso la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein contra el rey Juan Carlos I después de que ayer dictaminase que no tiene inmunidad en Inglaterra tras su abdicación.
Así lo ha dado a entender en declaraciones a los medios a su salida de la Audiencia Nacional, tras declarar una vez más como imputado por una de las más de treinta líneas de investigación que tiene abiertas en el denominado caso Tándem.
Además de apuntar nuevamente a un supuesto complot orquestado contra él, Villarejo ha aprovechado para hacer referencia a la demanda que la examante del rey emérito interpuso contra él en Londres por supuesto acoso.
"He recibido unas extrañas insinuaciones, espero que no sea... o al menos así lo he entendido yo, de a ver qué voy a declarar que voy de testigo en Londres en la causa de la señora Larsen. Oiga, tendré que decir la verdad y, si digo la verdad, ¿qué va a pasar? Porque he tenido esa sensación", ha indicado.
"¿Qué quieren que diga? ¿Quieren que mienta y que no diga los encargos que recibí del CNI contra la señora Larsen?, ha preguntado Villarejo, para quien la Fiscalía pide 109 años de cárcel en el juicio que se celebra desde octubre por tres presuntos encargos de espionaje.
En el juicio del que resultó absuelto el año pasado por calumnias y denuncia falsa al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, Villarejo relató que, en una reunión en Londres, Larsen le reconoció que estaba "aterrada" y amenazada por su relación con el rey emérito, y señaló que no entendía cómo Sanz Roldán -con el que tiene una enemistad manifiesta- fue a "amenazar de muerte a esa mujer" y no envió a "alguien anónimo" como él.
Villarejo ha vuelto a indicar, como suele hacer en sus declaraciones públicas, que colaborará con la Justicia "española e internacional".
Pero por lo que realmente ha acudido a la Audiencia es por la pieza número 28 de la causa, en la que se investiga una supuesta trama donde presuntos colaboradores suyos habrían ofrecido información reservada, documentos y grabaciones del excomisario mientras éste estaba en prisión.
Una línea de investigación que, en opinión de Villarejo, se abrió para incautarle sus agendas y justificar que siguiese en prisión preventiva, donde estuvo más de tres años.
Según su teoría, fue el despacho de abogados que defiende a la familia Pujol quien contrató un detective por 900.000 euros para "montar esta historia", y éste contactó con presos que coincidieron con él para ofrecerles dinero.
Villarejo ha defendido que no hay "ninguna prueba" de que él estuviese detrás de los hechos que se investigan "y no digamos" su mujer, Gemma Alcalá, que sólo ha contestado a sus abogados.
También ha declarado otro investigado, el abogado Alfonso Pazos, que coincidió en la cárcel con Villarejo y a quien se atribuye haber ofrecido información reservada -supuestamente facilitada por el excomisario- para chantajear a particulares y a instituciones del Estado.
