La investigación sobre el contrato de Priviet Sportive por el que la Comunidad de Madrid adjudicó la compra de mascarillas en plena pandemia y que salpica al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suma una nueva complejidad. La Fiscalía Europea ha movido ficha y ha solicitado esta misma mañana a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que considere la opción de elevar este asunto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ante el conflicto de competencias surgido con la Fiscalía Anticorrupción española.
Según el comunicado del organismo europeo al que ha tenido acceso EL PERIODICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, dado el carácter inédito de asunto y "la compleja interacción entre las leyes nacionales y europeas", Delgado debe considerar esta posibilidad. En la misma nota se señala Fiscalía Europea lamenta la controversia y añade que, aunque la, la Fiscalía Europea no comenta casos concretos, cree que éste en particular "tiene implicaciones más amplias".
Competencia "preferente"
El objetivo de toda investigación de la Fiscalía Europea es establecer los hechos y determinar si existen suficientes evidencias de que se ha cometido un delito que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, añaden, para subrayar que con el objetivo de evitar duplicidades el propio Reglamento de la Fiscalía Europea se reserva una "competencia preferente" para todos los hechos relacionados con un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea.
La sugerencia se anuncia horas antes de que, a las 16.00 horas de este lunes se reúna la La Junta de Fiscales de Sala, un órgano del que forma parte la cúpula de la carrera fiscal. La reunión fue convocada a raíz de que el fiscal jefe Anticorrupción español, Alejandro Luzón, rechazara entregar todo el asunto al organismo europeo tal y como había pedido la respresentante española en dicha Fiscalía, Concepción Sabadell, que alega que le corresponde porque los 1,5 millones para mascarillas fueron pagados con fondos FEDER.
Desde España no se puede impedir que Sabadell abra una investigación -tal y como ya ha hecho 'de facto'- pero la clave está en los delitos conexos que pueden afectar a funcionarios españoles, como es el tráfico de influencias, el cohecho, la prevaricación o las negociaciones prohibidas a funcionarios, que desde Anticorrupción se defiende que no pueden ser cedidos al organismo europeo.
Repartir la investigación
Por ello, el borrador que manejan los asistentes a la Junta -que retrasó su horario inicial de las 9.00 horas de hoy para permitirles analizar la documentación sobre el caso- -propone partir en dos la causa para que cada fiscal realice las diligencias que considere oportunas para los delitos que le correspondan.
No obstante, y de hacerse caso a la indicación de Sabadell, el asunto se enquistará durante meses, pues habrá que esperar a que el TJUE resuelva la cuestión competencial antes de que pueda continuarse con las diligencias de investigacion para aclarar la implicación o no de la administración regional en varios delitos, que fueron denunciados por los partidos de la oposicion en la Asamblea de Madrid.
La sugerencia de Sabadell añade complejidad a la reunión la Junta de este lunes, que ya de por sí abordaba un asunto hasta ahora inédito en relación con la nueva Fiscalía Europea, que comenzó su andadura en junio del pasado. Se trata del primer "roce" hecho público entre el organismo europeo y la Fiscalía comandada por Luzón.
Europa ve malversación, España no
Otro problema es que desde Anticorrupción ya se ha adelantado que no existen 'a priori' indicios de malversación de fondos públicos porque las mascarillas fueron pagadas y se entregaron efectivamente en el Pabellón 10 de IFEMA. Este criterio sería contrario al que ha motivado a Sabadell a reclamar la causa para el organismo comunitario.
La Junta de Fiscales de Sala la preside Delgado y de ella forman parte, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde y los fiscales de Sala (la más alta categoría en la carrera), entre los que se encuentra el propio Luzón. Tras escuchar su criterio, Delgado adoptará una decisión sobre el caso.
Anticorrupción abrió diligencias sobre el contrato de Priviet Sportive el pasado 22 de febrero a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE, Más Madrid y Podemos en Madrid. La propia Isabel Díaz Ayuso desveló entonces que su hermano Tomás había cobrado más de 55.000 euros de este contrato como contraprestación por su mediación comercial.
Unos días más tarde, la Comunidad admitió que la cantidad obtenida de esta empresa ascendió a 283.000 euros a través de cuatro pagos en todo 2020 que menos el inicialmente admitido por la presidenta se refieren a servicios sin vinculación con el contrato autonómico. Se trata de una cifra muy similar a la que difundió la dirección del PP encabezada por su presidente Pablo Casado y el ya dimitido Teodoro García Egea, dando origen a un conflicto interno en el partido que puso fin a la Presidencia de Casado.
