La futura ley de Ciencia es actualmente un borrador que espera su trámite. Desde que entró en el Congreso el pasado 22 de febrero, está en la metafórica nevera parlamentaria, el limbo en el que la mayoría de la Mesa de la Cámara guarda aquellas normas que no reúnen las condiciones deseadas para iniciar la fase de aprobación. No hay motivaciones políticas, de momento, para que una ley tan publicitada por el presidente se encuentre en estado de conservación. La razón es meramente funcional: hay tal sobrecarga legislativa que los partidos con menos diputados han pedido al PSOE que vaya más despacio y dé tiempo a completar los procedimientos ya iniciados. Así que el texto acumula seis prórrogas semanales del plazo de enmiendas.
Sin embargo, hay grupos que han echado un vistazo al documento. Fuentes parlamentarias de esos grupos han informado a El Periódico de España que antes de la calificación del Congreso, el 22 de febrero, el Gobierno introdujo una novedad llamativa sobre una de las estrellas de la norma: la Agencia Espacial Española. De gestionarla sólo el Ministerio de Ciencia a gestionarla Ciencia junto con Defensa.
Es una novedad que tiene una estrecha relación con los nuevos tiempos que corren, a los que el Gobierno se quiere adherir a raíz de la guerra de Ucrania. En las diferentes intervenciones que ha efectuado el presidente, Pedro Sánchez, han quedado claras dos tendencias que afectan de lleno al Ministerio de Margarita Robles: el aumento del presupuesto hasta alcanzar el 2% del PIB, tal y como propone la OTAN; y el envío de armas al país invadido para que se defienda de la brutal agresión rusa. El líder socialista ha apostado, además, por aprobar cuanto antes la nueva ley de seguridad nacional. El pasado miércoles, en el Congreso, Sánchez fue tajante: "Nuestra seguridad está amenazada".
La influencia de Seguridad Nacional
El Ministerio de Ciencia abrió el proceso de audiencia pública del anteproyecto el 18 de enero. Lo cerró el 26. Así consta en la web del departamento que dirige Diana Morant. En el texto expuesto a consultas y aportaciones figura que la futura Agencia Espacial Española dependerá sólo de este ministerio.
El Consejo de Ministros convirtió el documento en proyecto de ley el 18 de febrero. Entonces no se había producido la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, aunque el mundo contenía el aliento porque en la frontera se había juntado un contingente de 200.000 unidades. Era cuestión de tiempo.
Compareció ante la prensa, ese día en Moncloa, Morant, precisamente para explicar las novedades del texto, sobre todo el aumento de la inversión en I+D+i. En la nota que difundió el Gobierno había una alusión a la 'Agencia Española del Espacio' (sic) y a la creación prevista para 2023. Nada más.
Pero en la ley, tanto en el preámbulo como en una disposición adicional específica, estaba la novedad. Así, ya en el preámbulo, el Gobierno señala que "la línea de actuación nº19 de la ESN (Estrategia de Seguridad Nacional) tiene como objetivo 'crear la Agencia Espacial Española con un componente dedicado a la Seguridad Nacional para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales y con responsabilidades en el sector espacial, y unificar la colaboración y coordinación internacional'".
Este entrecomillado no figuraba en el anteproyecto, cuyo proceso culminó un mes antes. El tiempo que transcurre entre el 18 de enero y el 18 de febrero es el que está abierto a los cambios que sugieran, además, los ministerios. El tiempo en el que el anteproyecto se convierte en proyecto de ley, listo por tanto para la revisión del Congreso.
El preámbulo dibuja el contorno en el que se moverá la Agencia. La adscripción a los ministerios de Ciencia y de Defensa se ve aquí. La inclusión del Departamento de Robles no parece muy forzada si se repara en la referencia a los cometidos de la entidad, entre los que se encuentra "coordinar de manera efectiva las actividades en torno al ámbito espacial, tanto desde el punto de vista de su desarrollo tecnológico como del uso del espacio en ámbitos como la seguridad, la observación de la tierra, la geolocalización, las comunicaciones, etc".
Seguridad. Es la palabra clave, la que explica la relación con esa línea de actuación número 19 de la Estrategia, aprobada a finales de 2021. "Seguridad de los Espacios Comunes Globales" es el título al que pertenece la línea 19; son el ciberespacio, el mar y "el espacio aéreo y ultraterrestre". Se trata, por consiguiente, de una competencia del Ministerio de Defensa.
Los cambios normativos
Dar una dimensión de seguridad nacional a la Agencia Espacial arrastra, lógicamente, modificaciones normativas, plasmadas en la disposición adicional tercera del proyecto de la futura Ley de Ciencia. En tres puntos se articula la creación y objetivos.
Defensa y Ciencia la gestionarán para el cumplimiento de fines generales como "el fomento, ejecución y desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito del espacio". El texto que aterriza en el Congreso, aporta estos objetivos: "la seguridad y defensa nacional, las operaciones en el ámbito ultraterrestre, las aplicaciones satelitales para el desarrollo de competencias departamentales", etcétera. Se enumeran más, como "el impacto tecnológico y económico de la industria asociada al diseño, construcción, operación y mantenimiento" de los satélites o "la potenciación de la industria espacial nacional". Nada de esto último lo mostraba el anteproyecto en el punto 1 de la disposición adicional.
El 2 no experimenta variaciones, sobre la financiación, pero sí el 3, que es el blinda la participación del Ministerio de Defensa. El anteproyecto se limita a poner plazo a la creación del organismo, un año. El proyecto añade: "se garantizará la presencia equilibrada de los diferentes departamentos ministeriales con competencias en la materia en los órganos de gobierno de la misma".
