En los últimos tres años la política española apenas ha atravesado momentos de reposo. Cuando parece que se adentra en un periodo de calma, algún acontecimiento lo desbarata todo. España empezaba a dejar atrás la pandemia y ha estallado una guerra en Europa. El Gobierno confiaba en el alivio de los fondos europeos y se enfrenta ahora a una rebaja del crecimiento. Nada está ya en su sitio. La incertidumbre sobre la evolución de la invasión rusa de Ucrania, la crisis económica provocada por los efectos del conflicto y la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección del PP suponen nuevas amenazas, tal y como recoge El Periódico de España.
El Ejecutivo ni siquiera está seguro de poder contar con sus socios. En medio de este desconcierto ha empezado a sonar el tictac de otra bomba de relojería: el descubrimiento de que más de 60 líderes independentistas, entre ellos el president de la Generalitat, Pere Aragonès, han sido presuntamente espiados a través de sus teléfonos móviles. Se habría hecho, principalmente, con el 'software' Pegasus, según la investigación de la organización Citizen Lab, desvelada por 'The New Yorker', que apunta como responsable al propio Gobierno.
No parece descabellado pensar que realmente esto haya podido ocurrir en el marco del proceso separatista, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la huida de Carles Puigdemont, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vigilaba. Pero el dato que ha sacudido la política española es que ese espionaje se extendió hasta 2020, cuando los vínculos entre el PSOE y ERC ya eran muy estrechos.
En la Moncloa ha cundido la preocupación porque esto compromete directamente a la Administración socialista. Según ha podido saber El Periódico de España, conocieron la información días antes de que se publicara. Hubo contactos entre el Ejecutivo y la Generalitat pero la impresión que tuvieron en Cataluña es que no se daban del todo cuenta del alcance político de la posible utilización de Pegasus contra ellos.
Contactos Sánchez-Aragonès
A lo largo de esta semana, Pedro Sánchez y Pere Aragonès han intercambiando mensajes sin descartar una reunión, que no ha llegado a celebrarse por la apretada agenda del presidente del Gobierno. No pudieron verse en Barcelona y una visita al centro de refugiados ucranianos de Málaga, este miércoles, impidió también una cita en la Moncloa. Sánchez voló desde la ciudad andaluza hasta Polonia para continuar el viaje en tren hasta Kiev y reunirse allí, el jueves, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
El jefe del Govern lleva días pidiendo explicaciones "de tú a tú" y, aunque no ha sido posible cuadrar agendas, este diario ya publicó que el presidente está abierto a una reunión con Aragonès, que puede ser crucial para el resto de la legislatura. Mientras se concreta, el Ejecutivo ha hecho un primer movimiento. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viaja este domingo a Barcelona para entrevistarse con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, en el Palau de la Generalitat. La mano derecha de Sánchez es quien ha pilotado los contactos discretos con el Govern que han cuajado en esta primera convocatoria.
La estabilidad, en juego
Un paso que evidencia todo lo que está en juego. Al hecho del espionaje se une una circunstancia algo más mundana pero absolutamente fundamental: el Ejecutivo de coalición depende en cada votación de los 13 diputados de ERC. Junts no participa de su mayoría parlamentaria, pero los republicanos son un socio fundamental desde la investidura. Y ya han advertido que, aunque pueden apoyar este semana el real decreto ley de medidas contra los efectos de la guerra en Ucrania, a partir de ese momento cada votación en el Congreso puede convertirse en un 'Vietnam'. De ahí que en las alturas del PSOE y en la Moncloa prescriban máxima prudencia y no dar pasos en falso. Hay que "esperar", "bajar el suflé", indican en Ferraz.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, se ha ofrecido a comparecer en el Congreso y dar información también en la comisión de secretos oficiales, pese a que a estas alturas de la legislatura no está constituida por los vetos cruzados de los partidos. Y este lunes lo hace el director de Gabinete del presidente, Óscar López, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde con mucha probabilidad aflorará el escándalo. Pero todo esto no sustituye a un posible encuentro entre Sánchez y Aragonès, en el formato que se acuerde. Desde el Gobierno no se rehúye a a pesar del primer intento de Bolaños de pacificar la situación. El 'president' quiere explicaciones ya, "en cuestión de días, máximo una semana" y que se monte una investigación dentro del Ejecutivo y en el Congreso, según avisó en una entrevista en 'El País' publicada este sábado.
Los disturbios de 2019
A la espera de un pronunciamiento del ministro, solo al máximo nivel parece posible resolver el problema con ERC, que amenaza el objetivo de culminar la legislatura. La Generalitat, según ha podido saber este diario, exige una explicación que pueda después trasladar al mundo independentista. Esto supone meter al Gobierno en un atolladero. ¿Por qué los independentistas fueron espiados hasta 2020? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo sabía?
Es necesario recordar que nunca se ha dejado de especular con un posible regreso de Puigdemont a España y que en octubre de 2019 Barcelona y el resto de Cataluña sufrieron una oleada de disturbios por la sentencia del procés. Ambos asuntos de importancia para el CNI, que necesita de la autorización de un juez del Tribunal Supremo para intervenir las comunicaciones.
La obligación de secreto
El Ejecutivo asegura que "no tiene nada que ocultar", pero reconoce la complejidad de proporcionar información, que es materia reservada. La propia ley que regula el CNI le obliga a guardar silencio. Y se le demanda no sólo respuestas sino poder hacerlas pública. Aragonès reclama también que se asuman responsabilidades, que se actúe. En resumen, que alguien del Gobierno sea sacrificado por el uso de Pegasus.
La desestabilización provocada por este presunto espionaje no acaba ahí, la vertiente institucional se ha visto afectada. La Generalitat asegura que las relaciones quedan en suspenso hasta una resolución de la crisis satisfactoria y por eso la visita de Bolaños de urgencia a Barcelona. El Ejecutivo ha trabajado mucho en los últimos años para recuperar la interlocución con Cataluña y pasar página a la tensión separatista, a costa incluso de la incomprensión de su propio electorado. Se considera un éxito que Aragonès participara en la última Conferencia de Presidentes de La Palma y que el Govern haya vuelto a las reuniones multilaterales.
Ya no se habla del conflicto catalán y la opinión pública española recibió sin apenas cuestionamiento los indultos. Aquello que parece lejano puede resucitarlo ahora el denominado 'CatalanGate'. La Generalitat ha reavivado su presencia internacional para denunciar el caso, tras poner los teléfonos de la mayoría de los líderes independentistas a disposición de Citizen Lab. Una decisión adoptada después de conocer, en julio de 2020, que el móvil del expresident del Parlament, Roger Torrent, había sido espiado con este 'software' israelí. Una circunstancia que está investigando un juzgado en Barcelona y que abre la puerta a que el espionaje a sus compañeros acabe también en los tribunales.
Nueva causa
A la espera de las explicaciones del Gobierno, el independentismo cuenta ahora con un nuevo elemento para añadir a sus intentos de victimización. Dividido y desnortado en los últimos años, ha encontrado ahora una nueva causa para cohesionarse. El 'caso Pegasus' resuena cada vez con más fuerza en la política española. La ralentización del crecimiento económico puede alterar los planes del Ejecutivo de llegar a elecciones generales, fortalecido por el dinero de los fondos europeos. También el curso de la guerra y el hecho de que el PP tenga con Feijóo una alternativa que nunca representó Pablo Casado. Pero se ha añadido un problema más. Un tictac creciente, nervioso, que puede estallar y complicar cada votación en el Congreso. Aunque el Ejecutivo cuenta con presupuestos aprobados y eso garantiza la gobernabilidad, podría verse acosado por dos flancos: PP y Vox y ERC y Junts. Y eso haría aún más difícil llegar hasta el final.
