El juez Calama abre diligencias para investigar la denuncia por el espionaje a Sánchez y Robles

Su primera actuación ha sido solicitar informe al ministerio fiscal para que se pronuncie sobre la práctica de las diligencias de investigación que considere convenientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado. Fuentes jurídicas han destacado a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, la dificultad que entrañan estas pesquisas dado el características intrínsecas del propio espionaje.

Calama, que se encuentra en funciones de guardia esta semana, remitió este lunes a decanato la denuncia para que fuera este órgano quien lo repartiera al juzgado al que le correspondiera, ya que al haberse producido los hechos denunciados en mayo de 2021 no podía ocuparse directamente él. En el acuerdo en el que remitía las actuaciones señalaba que eso solo es posible cuando se han producido en la misma semana o la víspera. No obstante, finalmente le han sido devueltas al corresponderle por turno.

Altos organismos de la nación

En su auto, el magistrado explica que los hechos que constan en la denuncia de la Abogacía del Estado, a la que da por personada, se enmarcan dentro de los delitos que el Código Penal tipifica como de descubrimiento y revelación de secretos, que se recogen en el título del correspondiente a los “delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”. 

En este sentido, recuerda que estos derechos salvaguardan un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad.

La competencia de la Audiencia Nacional viene determinada de forma “meridianamente clara”, ya que así lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando un delito afecta a "altos organismos de la nación", como son el presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa.

El origen determinante

Con los términos en que está redactada la LOPJ en la mano otros altos cargos espiados, como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no tienen por qué ser competencia de la Audiencia Nacional, al menos no de forma automática. Fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO señalaron que la aplicación de la excepcionalidad de una ley siempre se hace de forma restrictiva, por lo que eran partidarias de que ello no sirviera de base de la acumulación, mientras que sí será determinante que aparezcan indicios de que el origen de los espionajes sufridos sea el mismo.

Esa circunstancia, que supondría la acumulación de las actuaciones en la Audiencia Nacional, ha sido desmentida por el Ejecutivo, que asegura que el ataque a los terminales de Sánchez y Robles y el que ha podido sufrir el independentismo catalán -sólo confirmado por una entidad no oficial, Citizen Labs- "son dos cosas totalmente diferentes", pese a la coincidencia en su descubrimiento o en su difusión, el momento y que en ambos casos se haya usado Pegasus.

De momento las denuncias presentadas hasta ahora por el 'Catalangate' se están acumulando en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que investiga denuncias similares del expresidente del Parlament y 'conseller' de Empresa, Roger Torrent, y del líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall y espera desde hace más de un año información de Israel e Irlanda.

El juez Calama fue el último instructor de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017, que terminó en condena de los dos miembros de la célula terrorista que no murieron en los ataques y de un colaborador, y se ocupa desde que llegó al Juzgado Central de Instrucción número 4, de la quiebra del Banco Popular.