La magistrada del Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca ha decidido suspender el juicio que se debía celebrar este miércoles contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat catalana Santi Vila y Lluis Puig tras constatar que la justicia belga no había podido informar aún a este último del inicio de la vista. Por este motivo, la vista oral se ha fijado de nuevo a las 9.30 del 5 de mayo.
Ambos exconsejeros están acusados de desobedecer reiteradamente las órdenes de los tribunales de justicia para que devolvieran los bienes sacros del monasterio monegrino de Sijena, que finalmente tuvieron que ser recuperados del Museo de Lérida, donde se hallaban retenidos, por los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, con la decisión adoptada se pretende evitar que el exconseller Puig pudiera recurrir al Constitucional o a instancias judiciales europeos por una presunta violación de sus derechos que derivaran en la anulación del procedimiento.
Bélgica no ha informado todavía
Estas fuentes han explicado que el juzgado oscense solicitó hace unos días a la justicia belga que localizara a Puig, huido a ese país a causa del procés catalán, para informarle del señalamiento de la vista y de la posibilidad de que compareciera mediante videoconferencia.
Han añadido que al final de la semana pasada y con el puente del Primero de Mayo por delante, Bélgica no había informado aún al juzgado oscense.
Esta comunicación se ha producido finalmente hoy para informar de que no se había podido comunicar al exconseller Puig del señalamiento de la vista oral contra él y su antecesor en el cargo por negarse ambos a cumplir con el requerimiento judicial que les obligaba a devolver los bienes del patrimonio histórico artístico del Monasterio de Sijena.
Hace unas semanas, el titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca, trasladado la semana pasada a Zaragoza, descartó el planteamiento de la fiscalía belga de que Puig declarara por videoconferencia con el apoyo de un juez de instrucción o de la policía de dicho país.
Descartada la videoconferencia
Esta decisión se deriva de un escrito remitido previamente por la fiscalía de Bélgica en el que se advertía de que el sistema de videoconferencia impediría cualquier consulta "inmediata y confidencial" entre el acusado y el abogado desplazado al tribunal oscense para asistirle legalmente.
Petición que el juez oscense rechazó al considerar que no procedía la presencia de un instructor belga al no estar la causa en fase de instrucción, "ni mucho menos de la policía para su toma de declaración".
En su auto, este magistrado abrió la posibilidad a la fiscalía y a la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Sijena de solicitar la detención de Puig si consideraban "imprescindible" su presencia, a pesar de que las penas solicitadas, ninguna de prisión efectiva, permitirían celebrar la vista sin su asistencia física.
En respuesta a este escrito, el acusador particular, el letrado Jorge Español, se posicionó a favor de la detención y solicitó al magistrado que requiriera a la fiscalía para que informara si estaba de acuerdo con el arresto.
La fiscalía oscense, que reclamó inicialmente que Puig declarara presencialmente, decidió finalmente no instar la detención y esperar a que Puig fuera informado de la celebración de la vista.
El ministerio fiscal solicita para cada uno de los exconsellers penas de 11 meses de prisión y multa de 18 euros diarios durante once meses.
Por su parte, la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena solicita la misma condena de cárcel pero la eleva a 300 euros diarios durante 11 meses, así como dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
