El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado el recurso de reforma presentado por la Generalitat de Cataluña y ha confirmado su rechazo a que se persone como acusación popular en el caso Pegasus relativo al espionaje sufrido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como el ataque vivido en el terminal del de Agricultura, Luis Planas.

En un auto, Calama desestima todas las alegaciones de la Generalitat, entre ellas que las actividades ilícitas investigadas en este procedimiento afectarían a responsables políticos de las más altas instituciones públicas catalanas, porque la causa que se sigue en la Audiencia Nacional se limita al espionaje sufrido por los miembros del Gobierno central. Entre los delitos competencia de la Audiencia Nacional figuran los cometidos contra altos organismos de la nación.

Por el CNI

Aunque existía una pequeña posibilidad de que se entendiera que dentro de esa categoría entraría el caso del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el hecho de que el ataque que había denunciado obedeciese a la actividad realizada por el CNI con autorización judicial lo descarta por completo. Fuentes jurídicas señalan que solo sería posible si compartiesen el origen.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 hizo un ofrecimiento de acciones al presidente del Ejecutivo y los ministros afectados, pero ninguno ha hecho uso de esta opción. Todos ellos están representados por la Abogacía del Estado que fue quien interpuso la denuncia que dio origen al procedimiento y que luego amplió con los hechos relativos a los ministros del Interior y de Agricultura.

En su resolución, el juez afirma que los argumentos de la Generalitat "deberán hacerse valer, en su caso, ante el órgano judicial que esté conociendo de aquellos otros hechos, y que son totalmente ajenos a este procedimiento". Y le recuerda que la legislación catalana solo prevé la personación del Govern en procedimientos por delito de odio o discriminación, lo que no es el caso.